Altava destaca la "independencia y autonomía" con la que la Fiscalía General del Estado está desarrollando sus competencias

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15-04-2013

15, abril, '13.- El portavoz de Justicia del Grupo Popular Manuel Altava, ha puesto de manifiesto, hoy, en la Comisión de Justicia del Senado, en la que ha comparecido el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que éste “está desarrollando con plena independencia y autonomía el ejercicio de sus competencias”, al igual que le ha agradecido su comparecencia en la Cámara para dar cuenta de la Memoria de gestión del año 2011.

Manuel Altava ha recordado que su antecesor en el cargo, el anterior Fiscal General del Estado, sólo compareció en el Senado, el pasado 23 de abril de 2009, para explicar determinados nombramientos efectuados en la carrera fiscal y sobre la política antiterrorista, materias importantes sin duda, “pero nunca para darnos cuenta de la extensa Memoria de la Fiscalía General del Estado”.

A lo largo de su intervención, el portavoz popular ha calificado de “excelente” la labor que está desarrollando el Fiscal General del Estado, ya que “hoy los ciudadanos tienen probado que desde la Fiscalía se está actuando con absoluta independencia para perseguir el delito y al presunto delincuente, sea quien sea”.

 

En este sentido, el portavoz de Justicia de los populares en el Senado ha afirmado que “las decisiones dictadas por la Fiscalía General del Estado se han hecho desde la más estricta legalidad y en defensa del interés público tutelado por la Ley”.

Del mismo modo, Manuel Altava ha afirmado con rotundidad que con los Consejos de justicia autonómicos no se puede pretender obtener ninguna aspiración soberanista al margen de nuestra Constitución, “por cierto, suscrita también por quien hoy la propugna”.

En un punto de su intervención, Manuel Altava ha recordado que el presupuesto con el que cuenta el Ministerio Fiscal se ha visto reducido, como ha sucedido con el resto de las Administraciones Públicas para el cumplimiento del objetivo de déficit de nuestro país; cuestión que no ha influido en la eficacia del trabajo que está desarrollando la Fiscalía.

PROBLEMAS DE LA JUSTICIA EN LA ACTUALIDAD
Manuel Altava ha recordado, “como ya ha indicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que son tres los problemas principales con los que cuenta la Administración de Justicia en nuestro país: el exceso de litigiosidad, la carencia de gestión y el agotamiento del actual modelo”.

Sobre el exceso de litigiosidad, Altava ha señalado que se necesitaba un cambio mentalidad en personas y que era necesario buscar otras fórmulas de solución a conflictos como el arbitraje y la mediación. “Muchos de nuestros tribunales se ven abocados al colapso, por esto, desde el Ejecutivo se está apostando por sistemas alternativos al sistema judicial clásico para resolución de los conflictos; prueba de ello fue la publicación de la Ley 11/2011, de reforma del arbitraje o, más recientemente, la publicación de la Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Sobre la carencia de gestión, Altava ha remarcado que uno de los ámbitos en donde más se está avanzando es en materia de modernización y eficiencia en la gestión de los litigios. “Ya se han ido haciendo reformas y se están viendo los frutos, como desde el ministerio de Justicia se está colaborando con las CCAA, el Ministerio Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial en varios proyectos de transformación como son: la Nueva Oficina Judicial y Fiscal, el Expediente Judicial Electrónico, la interoperabilidad judicial, la prestación de servicios judiciales o la renovación de sistemas de gestión procesal, entre otros”, ha remarcado.

Sobre el agotamiento del actual modelo, el portavoz popular ha señalado que desde el Ministerio se están abordando, por una parte, reformas ex novo de nuevas leyes orgánicas y ordinarias; y, por otra, modificaciones de leyes que se encuentran en vigor y que solo parcialmente deben ser revisadas.

Para finalizar, Manuel Altava ha señalado que la intervención de Torres-Dulce, en todo momento ha estado marcada “por su defensa de la independencia y autonomía del ministerio fiscal y por su preocupación en lograr ese bien deseado por todos y todavía no alcanzado, de una eficaz Administración de Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, en especial de los más débiles y de las víctimas del delito”.
 

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