Bonig afea a Puig la falta de transparencia y de gestión del Consell detectada por los tribunales, el Síndic de Greuges o el CJC

Bonig afea a Puig la falta de transparencia y de gestión del Consell detectada por los tribunales, el Síndic de Greuges o el CJC
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26-04-2017

• La Síndica recuerda que el Gobierno valenciano suma ya 6 sentencias condenatorias del TSJ por negar información y documentación al PPCV
• Educación acumula una de cada cuatro quejas de los ciudadanos y Oltra acumula más de un centenar de reparos de la Intervención por no ajustarse a la Ley de Contratos
• Pregunta a Oltra qué le parece la purga de trabajadores del Ayuntamiento por parte del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri

26. abril. 2017.- La Síndica del Grupo Popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha afeado hoy al President de la Generalitat, Ximo Puig, la falta de transparencia y de gestión del Consell detectada por los tribunales, el Síndic de Greuges o el Consell Jurídic Consultiu.

   Bonig ha preguntado a Puig por su valoración sobre la política de transparencia del Consell. La portavoz popular ha recordado que ya son seis las sentencias que han condenado al Consell de Puig y Oltra por no facilitar documentación solicitada por diputados del Grupo Popular. Bonig ha leído algunos extractos de las sentencias en las que el TSJCV condena al Consell “por violar los derechos fundamentales de los diputados del GPP”. Entre ellas cuestiones como Carns de Morella, informes de fiscalización e intervención previa o Educación.

   Respecto a la Conselleria de Vicent Marzà, Bonig ha indicado que “acapara una de cada cuatro quejas de los valencianos”. “Educación copa el 37 por ciento de las 5.259 reclamaciones recibidas según el informe del Síndic de Greuges con cuestiones como el arreglo escolar, la supresión de unidades en la enseñanza concertada; Xarxa Llibres y la jornada continua, que fueron las principales quejas de los ciudadanos en el primer ejercicio completo del Titànic”, ha señalado. La portavoz ha criticado que ante estas quejas el conceller se limite a decir que “sufre ataques”. En Sanidad la portavoz ha destacado el caso de la auditoría del Hospital de Manises, que el Consell rechaza pese a que demuestra un ahorro de 42,5 millones de euros.

   Bonig se ha pronunciado también sobre la gestión de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ausente hoy en la sesión de control. “Acumula más de un centenar de reparos de la Intervención al observar infracciones no subsanables del ordenamiento por su nefasta gestión en Igualdad al no ajustarse a lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público. Y esto se traduce en más de 71 millones de euros”, ha destacado.

   “Las personas pendientes de recibir prestación a 28 de febrero de 2017 eran 16.425, es decir, el 23,89% del total. Y el Síndic de Greuges advierte a Oltra de las anomalías al ingresar a menores con discapacidad o con enfermedades mentales en centros de protección prohibidos, y por tanto sin recibir los tratamientos adecuados. Hay anomalías; infracciones no subsanables; expedientes sin resolver; opacidad… ¿dónde está la transparencia y la buena gestión?”, ha preguntado. 

   Por último, Bonig ha señalado que “prácticamente todas las leyes que el Titànic ha llevado a les Corts lo han hecho con observaciones esenciales del CJC que no han querido atender”. Se trata de la  Ley por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana, la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, la Ley de acompañamiento de 2016, la ley de memoria democrática o el Anteproyecto de Ley de Cooperación y Desarrollo sostenible. “No rescatan a las personas, no atienden sus necesidades, y según las propias instituciones de la Generalitat, no es transparente”, ha concluido. 
 
   La portavoz popular ha preguntado también “qué le parece a Oltra la purga de trabajadores del Ayuntamiento por parte del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri” y ha acabado pidiendo el apoyo a la declaración institucional planteada por el GPP para exigir al Consell que cumpla las resoluciones aprobadas en Les Corts.   

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