El GPP afirma que Marzà “el insumiso” no está legitimado para seguir en su cargo tras “chantajear, mentir y desobedecer”

El GPP afirma que Marzà “el insumiso” no está legitimado para seguir en su cargo tras “chantajear, mentir y desobedecer”
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28-07-2017

28. julio 2017.- La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Beatriz Gascó, ha instado hoy al Presidente de la Generalitat, Ximo Puig a “dar la cara” y anunciar la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzà porque “ha mentido, ha vulnerado derechos fundamentales, ha chantajeado a familias y centros educativos y ha desobedeciendo a la Justicia, por lo que no está legitimado para seguir en su cargo”. 

    Gascó se ha manifestado de esta manera después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), haya declarado la nulidad parcial del Decreto 9/2017 de la Generalitat Valenciana que establece el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria.

   Así, ha señalado que estamos en una situación “extrema” y “muy grave” que demuestra que el tiempo de Marzà “se ha acabado, se ha acabado el reírse de la comunidad educativa y de los tribunales”. Ahora las cartas “están boca arriba” ha señalado al tiempo que ha indicado que tanto Ximo Puig como la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, “se han convertido en cómplices de esta situación” y ahora “les toca dar la cara y dar explicaciones”.

    En esta línea, les ha reclamado una respuesta “inmediata y contundente ante a la incertidumbre generado en la comunidad educativa” y el anuncio de la dimisión del conseller porque “lo contrario no se entendería”.
 
   Gascó ha puesto el acento en los motivos del fallo del TSJCV y ha tildado de “muy grave” que la Justicia diga que hay “una evidencia diferente de trato entre valenciano y castellano”, que se priva de forma irrazonable y carente de justificación a los estudiantes de castellano de un número significativo de horas de inglés y consecuencia de ello no pueden optar a la certificación y que se infringe una sanción directa al alumnado que opte por estudiar en castellano y por tanto se resienten los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 27 de la constitución

   Por ello, el decreto vulnera derechos susceptibles de amparo constitucional y resulta contrario a nuestra constitución y al Estatuto de Autonomía, ha recordado.

   Estos argumentos están en la línea de lo que ha defendido el PP, por lo que se ha evidenciado que las denuncias del GPP “están cargadas de fundamento y que Compromís no tiene nada más en la cabeza que imponer un modelo de escuela única, trabajar para conseguir una autentica obra den ingeniería social que ahora, ha fracasado”.

    Gascó ha señalado que los argumentos aportados por la consellería al TSJCV tras la petición del tribunal para conocer las medidas puestas en marcha para paralizar la aplicación del decreto,  “fueron una vergüenza” porque ponían de manifiesto que Marzà “no tenía la voluntad de cumplir el mandato judicial, que las cuestiones fundamentales para la suspensión no las había cumplido y que no abordaba instrucciones concretas, no hablaba de escolarización, de horarios de profesores, ni de los libros de texto”.

   La respuesta, ha indicado “fue una tomadura de pelo al TSJCV y por ello la respuesta no se hizo esperar, le dejo muy claro que el Decreto estaba suspendido y que había desobedecido un auto judicial y eso no se puede consentir en un Estado de Derecho”. Gascó ha señalado que el PP aún espera “una respuesta inmediata sobre el resto de normas que quedan anuladas”.

   Gascó ha señalado que “necesitamos respuestas inmediatas sobre qué va a pasar con la matriculación y cómo van a cambiar los proyectos lingüísticos de los centros porque, según ha desvelado “nos comentan que hay centros que están manipulando los proyectos lingüísticos de centro, las asignaturas que tenían con el Decreto de 2012 para adecuarlas a las del decreto de 2017. Seguimos con trampas y chanchullos”.

    “Están haciendo de la trampa la forma de trabajar en la conselleria de educación y eso es una extorsión a los valencianos”, ha señalado. 

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