El GPP exige responsabilidades políticas a Marzà por seguir adelante con el decreto discriminatorio del chantaje lingüístico

El GPP exige responsabilidades políticas a Marzà por seguir adelante con el decreto discriminatorio del chantaje lingüístico
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17-03-2017

  • La Portavoz de Educación, Beatriz Gascó,  señala que “estamos ante una discriminación y un chantaje a padres y centros”
  • “El conseller está advertido de la ilegalidad del decreto”

17. marzo. 2017.- La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha “exigido responsabilidades políticas al conseller Marzà por seguir adelante con el decreto de chantaje lingüístico manipulador y discriminatorio, pese a que tiene presentados varios recursos por atropellar el derecho de las familias a elegir la lengua en que quieren que estudien sus hijos. Le hemos advertido por activa y por pasiva de la ilegalidad del decreto y esperemos que, cuando sean los tribunales quien se lo digan, asuma responsabilidades políticas y dimita”.

   Para Beatriz Gascó “los resultados de los proyectos escolares para el próximo curso anunciados por Educación no demuestran una mayor aceptación del decreto de plurilingüismo sino que constata que el chantaje del inglés está funcionando. Muchos centros no han tenido más opción que coger el nivel más alto de valenciano para tener más horas en inglés”.

   La portavoz popular ha cuestionado también el sistema coercitivo de elección del proyecto lingüístico. “No ha habido ningún consenso ni debate de todas las comunidades educativas y el entorno sociolingüístico. Es una imposición y un chantaje con clara discriminación hacia las zonas castellanohablantes y dando a entender con la propia nomenclatura que, por ejemplo, los de Alicante son centros menos avanzados que los de Castellón. Este decreto divide y segrega a los niños en básicos y avanzados. Y esto es un chantaje para padres y centros”.

   Gascó ha manifestado que “la realidad es que ahora va a haber menos derechos y menos oportunidades, con alumnos y centros señalados y discriminados. Estamos ante el decreto de la imposición. No es comprensible que los alumnos de Alicante tengan menos inglés por tener menos valenciano. Eso es discriminatorio”.

   La portavoz popular ha recordado que esta norma “tiene interpuestos diversos recursos por vulnerar derechos fundamentales. Ha habido falta de información a las familias que apenas se han enterado de qué va, manipulación en el sistema informático de la Conselleria para favorecer las opciones en valenciano, presiones de todo tipo a los centros, imposiciones desoyendo a la comunidad educativa… Es un despropósito y una engañifa que ataca la libertad, con el único objetivo de seguir la hoja de ruta del independentismo catalán”. 

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