Bonig anuncia que el PP pone sus servicios jurídicos a disposición de la comunidad educativa para presentar recursos por la imposición lingüística

Bonig anuncia que el PP pone sus servicios jurídicos a disposición de la comunidad educativa para presentar recursos por la imposición lingüística
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18-12-2019

• La síndica popular señala que “sí al valenciano pero no a la imposición”

18. diciembre. 2019.- La  Síndica del Grupo Popular en les Corts, Isabel Bonig, ha señalado que “el PP pone a disposición de la comunidad educativa sus servicios jurídicos para impugnar los proyectos lingüísticos impuestos a los centros en el próximo curso y defender los derechos que nunca deberían haber perdido”.

  Bonig ha señalado que “el próximo curso, la ley de la imposición lingüística, que el TSJCV ha declarado ilegal, establece su imposición en secundaria, bachillerato y FP en todos los territorios de la Comunitat Valenciana saltándose la Llei d’us. Esto ha supuesto que todas las zonas castellano-hablantes de esta Comunitat se hayan levantado contra Puig y su imposición lingüística. Por4 eso le pedimos a Puig que recapacite. Desde el PP intentamos alcanzar con él un acuerdo educativo pero lo rechazó”.

   Isabel Bonig ha indicado que “el aprendizaje de las tres lenguas -castellano, valenciano e inglés- se tiene que hacer progresivamente. A fecha de hoy los centros escolares ni tienen capacidad organizativa ni tienen formado su profesorado para cumplir lo que establece esta ley de imposición lingüística. Es decir, que al menos el 25% de las asignaturas troncales se impartan en valenciano, sea donde sea. Hemos intentado pararlo pero no nos hacen caso”.

   La líder popular ha explicado que “el secretario autonómico Soler dice que no hay motivo para derogarla ni para las protestas. Es mentira. No pueden aplicarse proyectos experimentales porque va contra su propia ley. No están preparados para asumirla y la ley no contempla flexibilidad. Los alumnos no pueden de repente ver cambiado su sistema porque eso les perjudicará en sus estudios”.

   “Ante todo esto –ha continuado- el PP pone a disposición de la comunidad educativa sus servicios jurídicos para impugnar los proyectos lingüísticos impuestos a los centros. De esta manera los equipos directivos de todos los institutos y centros de FP, los padres y las AMPAS podrán disponer de nuestros servicios jurídicos del PP para acudir a los tribunales. Ante la actitud autoritaria solo cabe un recurso. Muchos no tienen suficiente capacidad para recurrir, por eso ponemos a disposición de la sociedad nuestros servicios jurídicos para garantizar la defensa de  sus derechos de como padres con esta ley se ven mermados y condicionados”.

   Bonig ha indicado que “nosotros defendemos sí al valenciano pero no a la imposición. Para elegir la lengua vehicular hay que tener en cuenta tres factores: la voluntad de los padres, la cualificación y los resultados. Ese modelo de consenso ha sido eliminado por Puig que ha impuesto el mismo modelo que en Cataluña, el de la imposición sin libertad. El PP siempre estará al lado de los valencianos, alicantinos y castellonenses”. 
 

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