El PP enmienda la Ley de Acompañamiento porque “es una utilización ilegítima de la Ley para huir de la Ley”

El PP enmienda la Ley de Acompañamiento porque “es una utilización ilegítima de la Ley para huir de la Ley”
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18-11-2019

  • Es el quinto año que el PP denuncia la “sistemática eliminación de controles jurídicos, económicos y políticos” que  no cuentan con el informe de la Abogacía, el CJC, el CES, la Intervención o Hacienda
  • “Es una Ley diseñada para arreglar sus asuntos ya que bajan el listón de la Ley de Incompatibilidades y es una incubadora para enchufados, entes y chiringuitos”
  • Se pregunta por qué la Oficina de Control de Conflictos de Intereses,no ha detectado las supuestas irregularidades en el millón de euros de subvenciones a la Trama Puig
  • “Es una gran oportunidad perdida para bajar impuestos” como ha hecho el PP en Andaucía donde recaudan un 7% más, o Madrid, con 100 millones de euros más

18, noviembre, 2019.- La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Eva Ortiz, ha pedido la devolución del Proyecto de Ley de Aconpañamiento porque “no piensa en los valencianos, sino en arreglar asuntos propios” y por la “sistemática eliminación de controles jurídicos, económicos, sociales y político” y la “utilización ilegítima de esta Ley, para huir de la Ley”.

    Eva Ortiz se ha expresado de esta manera durante su intervención en el Pleno de debate de la Ley de Acompañamiento y ha denunciado que modifica 35 leyes, suben los impuestos, pone obstáculos a inversiones y al empleo y es una incubadora para enchufados, entes y chiringuitos.

   Así, ha pedido su retirada porque los grupos del Botànic presentan 147 páginas de enmiendas “al señuelo de la Ley de acompañamiento, sin filtros, sin controles, sin fiscalización”, y porque la publicidad institucional la convierte en “pura propaganda política” y porque maltrata al personal sanitario.

   Además, ha añadido, esta ley, “da largas al acogimiento de menores, se olvida de las familias que necesitan una vivienda pública, se salta informes y observaciones al modificar leyes y dan manga ancha a los altos cargos para que falseen sus datos al tiempo que establece más nombramientos a dedo en el sector público “cargándose” la profesionalidad.

   Así ha recordado que ahora “más que nunca hay más razones para votar a favor a esta enmienda a la Totalidad y el Botànic nunca ha tenido más razones para seguir mirando hacia abajo, porque hace tiempo que dejaron de mirar a los ojos de la gente”.

Una ley para arreglar sus asuntos

       Se trata de una Ley diseñada para “arreglar sus asuntos propios” ya que bajan el listón de la Ley de Incompatibilidades y ha señalado que “si parece lógico que presentar documentos falsos por un alto cargo debería sancionarse, para el Consell no, ya que solo se sancionará si se hace “deliberadamente y con la intención de aparentar una falsa legalidad”.

   Eva Ortiz se ha preguntado el por qué se hace ahora esta modificación y ha señalado que “nadie será tan mal pensado de creer que el President de la Generalitat mintió deliberadamente y con la voluntad de “aparentar una falsa realidad”, cuando falseó datos sobre la valoración de sus acciones en PECSA, tras la quita del IVF”.

    Otra modificación que plantea es para la Oficina de Control de Conflictos de Intereses, que “ejercerá la labor inspectora cuando tenga conocimiento de cualquier indicio de irregularidad y en caso de situaciones de aparente ilícito penal, deberá informar al Ministerio Fiscal inmediatamente.”

     Así, se ha preguntado por qué desde 2016 no ha detectado alguna irregularidad esta Oficina ante casi un millón de euros en subvenciones concedidas de forma irregular a las empresas de los hermanos de Puig. “¿O es qué estaban investigando otro millón de euros en subvenciones de GVA también de forma irregular a los amigos de la familia Puig?”, se ha preguntado.

   Eva Ortiz ha recordado que a los hermanos del Presidente Puig y a sus socios

no los está investigando el PP, los investiga el TSJCV, la Fiscalía Anticorrpción, el juzgado de Instrucción 4 de Valencia, el numero 9 de Valencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Agencia Antifraude, la Inspección de Trabajo, y la propia conselleria.

 

Un Ley incubadora de chiringuitos y enchufes

 

      “La ley de Acompañamiento sirve de incubadora para más chiringuitos inútiles y más enchufes” y ha puesto como ejemplo que “propone sin escrúpulo alguno, que todo el personal directivo de los entes del sector público pase a ser considerado cargo público y a ser nombrados a dedo por Decreto del Consell”.

 

   Es el quinto año que el PP denuncia la “sistemática eliminación de controles jurídicos, económicos, sociales y político” y la “utilización ilegítima de esta Ley, para huir de la Ley”.

 

    “Pero este año –ha añadido--, todo ha ido demasiado lejos” porque plantean “cambios de calado” que no cuentan con el informe de la Abogacía de la Generalitat, del Consell Juridic, del Comité Económico y Social, de la intervención, de Hacienda, de los órganos administrativos competentes, que no cuenta con participación ciudadana, impacto de género, entre otras cuestiones”

 

Bajada de impuestos

 

      En el orden fiscal, Eva Ortiz esta ley es una gran oportunidad perdida para bajar impuestos y les ha animado a “quitarse los miedos” porque el PP allí donde lo ha hecho ya está obteniedo resultados. Desde que la Junta de Andalucía ha bajado impuestos, recauda un 7% más, y la Comunidad de Madrid, tras las últimas reformas 100 millones de euros más.

 

    Pero Puig “hace todo lo contrario. Prometió a los empresarios que iba a reducirse la base imponible del Impuesto de Sucesiones al heredar una empresa pero se ha olvidado de ponerlo en la Ley de Acompañamiento”. En este punto, ha recordado que en Galicia y en Andalucía, donde gobierna el PP, se reduce el 99% en la base imponible a todas las empresas.

 

   Es más, “sobrecargan a los valencianos, alicantinos y castellonenses con más impuestos y con una subida en las tasas” pero “eso sí, hacen una aportación fiscal: crear un Observatorio, un nuevo chiringuito que, después de 4 años y medio de Botanic, va a empezar a estudiar la reforma fiscal”.

 

Puerto Mediterráneo

 

   Así, Eva Ortiz ha señalado que el Botànic sabía que nunca podría aprobar un proyecto de ley en el Consell para incumplir una sentencia del TSJ como la Puerto Mediterráneo porque “los informes previos les dirían que es ilegal y que puede tener responsabilidades personales”. Y ahora, van a impedir una inversión de 800 millones y 5000 empleos “por puro fanatismo” y “con una fórmula de cobardes ya que la decisión no la toma el Consell, la traen por la puerta de atrás, con una enmienda a la Ley de Carreteras y retorciendo el papel de esta institución”.

 

   Además, sabían que nunca podrían aprobar una modificación de la Ley de Publicidad Institucional que les permita contratar la publicidad con adjudicaciones directas, y presentan una enmienda que les da “carta blanca para gastar el dinero público de la publicidad institucional a dedo” eliminando el requisito de que sea en “medios de comunicación con contenidos informativos y criterios periodísticos. Pura propaganda política”.

 

Vaersa

 

   Respecto a Vaersa, ha indicado que el Consell nunca se atrevería a modificar la ley para que VAERSA sea “medio propio de la Generalitat y también de ayuntamientos poque los informes le dirían que es ilegal” porque no cumple la ley de contratos, ni cuenta con el personal suficiente, para ser entendida medio propio de la Generalitat.

 

Hospital de Torrevieja y Alzira

 

   Tambié, ha aludido a la “ocurrencia” de revetir el Hospital de Torrevieja, como ya han hecho en Alzira con la idea de que “el personal indefinido pase a ser personal a extinguir” y ha señalado que el Botànic “está muy entrenado en pasar por encima de los derechos de los trabajadores de los hospitales y los centros de salud además de pisotear su dignidad”.

 

    Por eso, ha añadido, “se inventan una categoría de personal que el Estatuto Básico del Empleado Público no recoge, según el Tribunal Constitucional” y ha señalado que los trabajadores tienen derecho a ser reconocidos como personal laboral indefinido no fijo, como dice toda la jurisprudencia.

 

   La portavoz adjunta ha afeado al Botànic que esta ley perjudique a las familias de acogida porque “duplica el plazo para resolver el procedimiento” al tiempo que perjudica a quienes quieren acceder a una vivienda de promoción pública ya que , sin excepción, “establece para todos los procedimientos un silencio negativo y los plazos van más allá de los 12 meses”.

 

   Además, ha añadido, perjudica al conjunto de los ciudadanos, Ayuntamientos y agentes económicos al modificar 28 artículos de la recientemente estrenada reforma de la LOTUP y “sin tener en cuenta ni  el punto de vista, ni la opinión, ni los intereses de los ciudadanos, Ayuntamiento y agentes económicos”.

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