El PP pide al Gobierno más recursos para facilitar el consumo digital en mayores y personas con discapacidad

• Elena Bastidas lamenta la “falta de medidas concretas y tangibles por parte del Gobierno más allá de anuncios vacíos”
• El GPP presenta una proposición no de ley en Les Corts para materializar avances reales en términos de consumo digital inclusivo

02 marzo 2025. El PP ha presentado en Les Corts una proposición pidiendo al Gobierno que destine más recursos para facilitar el consumo digital en personas con discapacidad y mayores.

La portavoz del PP en política social, Elena Bastidas, ha señalado que “se trata de materializar avances reales en términos de consumo digital inclusivo porque hay una exclusión de las personas con discapacidad y de personas adultas mayores en multitud de servicios ofrecidos ahora de forma digital. La brecha digital afecta a principios básicos de las personas como son la no discriminación o la accesibilidad universal de los productos y servicios, incluidos los ofrecidos desde las administraciones públicas en las que hay grandes barreras digitales”.

En la proposición presentada se recogen datos concretos: el 45% de las personas con discapacidad afirma encontrar barreras en su entorno digital y el 42% considera muy complejo y avanzado su uso. Además, son colectivos que presentan una especial vulnerabilidad en cuanto a la protección de su privacidad y al creciente número de fraudes y delitos cibernéticos.

“Para el PPCV, es prioritario garantizar que todas las personas con discapacidad reciban el apoyo que necesitan para llevar una vida plena y digna. El Consell de Carlos Mazón tiene el firme compromiso de mejorar la calidad de vida y la inclusión social de este colectivo”, ha añadido.

Elena Bastidas ha afirmado que “exigimos al Gobierno de España que deje de llenarse la boca anunciando a bombo y plantillo cuestiones como la Agenda España Digital 2025 o el Plan nacional de Competencias digitales, sino que realmente apruebe medidas concretas y tangibles, consensuadas con las comunidades autónomas y los entes locales, en coordinación plena con los representantes de las personas de edad avanzada y de las personas con discapacidad”.