• El portavoz de Agricultura del GPP en Les Corts, Luis Martínez, alerta de un nuevo agravio del Ejecutivo socialista al cargar sobre los regantes el coste de obras estatales

• “Es injustificable que el Ejecutivo central, competente en materia de cauces, intente eludir su responsabilidad y tapar las consecuencias de sus años de dejadez”

19 abril 2025.- El Grupo Parlamentario Popular en Les Corts ha presentado una Proposición No de Ley urgente para exigir al Gobierno que no imponga a los regantes el coste de las obras de emergencia ejecutadas tras la dana en el Canal Júcar-Turia y el Canal Principal del Camp del Túria. En opinión del portavoz de Agricultura del GPP, Luis Martínez, se trata de un nuevo intento de Pedro Sánchez de hacer caja a costa de los afectados por la riada, como hace el Ejecutivo socialista a través de los impuestos e intereses de las ayudas y créditos para los damnificados.

Martínez ha advertido de que el Ministerio para la Transición Ecológica pretende repercutir 45 millones de euros sobre los agricultores valencianos “por unas reparaciones que son responsabilidad directa del Ejecutivo, propietario de los cauces y responsable del deterioro de estas infraestructuras tras años de abandono”.

“Es injustificable que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, competente en materia de cauces, intente ahora eludir su responsabilidad cargando este coste a través del Canon de Regulación y la Tarifa de Utilización del Agua. Esto es inasumible para unos regantes que ya están sufriendo las consecuencias económicas y sociales de una riada fruto de años de dejadez y falta de mantenimiento”, ha señalado.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha comunicado que trasladará los costes para restablecer el riego en más de 50.000 hectáreas a través del Canon de Regulación y la Tarifa de Utilización del Agua, amparándose en la Ley de Aguas. Pero el portavoz popular recuerda que existen precedentes legislativos para evitarlo, como se ha hecho en otras catástrofes naturales o episodios de sequía extrema, por lo que “si se quiere, se puede”.

Según Martínez, esta decisión supondría un nuevo golpe para el sector agrícola, al que no se le puede pedir que asuma una factura millonaria por infraestructuras que son vitales para garantizar el suministro de agua. Por ello, la iniciativa reclama una normativa específica que impida trasladar estos costes a los usuarios y asegure que se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Frente a la falta de apoyo de Sánchez, el portavoz de Agricultura ha defendido el compromiso del Consell de Carlos Mazón, que ha activado una línea de 5,3 millones de euros en ayudas directas para cultivos afectados por la riada que beneficiarán a 500 agricultores y más de 1.500 hectáreas. Además, la Generalitat ha movilizado ya cerca de 70 millones de euros para recuperar el 100% de la capacidad agraria y ganadera de la Comunitat Valenciana, lo que demuestra, ha dicho, “que este Consell sí está a la altura”.