• El síndic del GPP pregunta “qué van a hacer los socialistas valencianos cuando Junts les exijan el cumplimiento de lo firmado en los acuerdos de gobernabilidad”

• El GPP presenta una proposición en Les Corts para que el gobierno de España no actúe contra unas comunidades autónomas privilegiando a otras

• “No se puede obligar a que las 974 empresas que originariamente han venido desde Cataluña de manera libre y que ya son valencianas a retornar forzadamente”

10 enero 2024.  El síndic del GPP, Miguel Barrachina, ha exigido a los socialistas valencianos que “no voten a favor de incentivar la vuelta de empresas a Cataluña”.

El GPP ha registrado en les Corts una proposición no de Ley de tramitación especial de urgencia para el respeto a libre elección de domicilio empresarial y contra la aprobación de privilegios o sanciones por su traslado.

El síndic del GPP, Miguel Barrachina, ha explicado en rueda de prensa que la proposición “pide tres cosas: que se respete la libertad de las empresas que ya son valencianas para seguir residiendo en la Comunitat Valenciana; que el gobierno de España no actúe contra unas comunidades autónomas privilegiando a otras y que no se cambie la ley de sociedades a petición de sus socios de Junts para tratar que las 974 empresas que originariamente han venido desde Cataluña libremente tengan que retornar forzadamente. Es decir, que aquellas empresas que en uso de su libertad quieran seguir siendo valencianas y españolas no sean sancionadas como se pretende”.

Miguel Barrachina ha explicado que “queremos que esta sea la primera iniciativa que se debata este 2024 en les Corts. Pedimos que la libertad y la igualdad de todos los españoles también ataña a la libertad de establecimiento. El propósito de los socios de Junts no cabe ni en la Constitución Española, privilegiando a unos territorios sobre otros, ni en el Tratado de la Unión Europea. Ni siquiera cabe en el sentido común para dicta que aquellos que quieran emprender lo puedan hacer con libertad en cualquier territorio, sin sanciones ni cortapisas”.

El síndic popular ha recordado que “el pacto entre el PSOE y Junts establece un plan para favorecer el regreso a Cataluña de las empresas que se fueron. La duda es -viendo que Junts no engaña a nadie, pero Sánchez engaña a todos- qué va a hacer Diana Morant como ministra del gobierno de España cuando el partido de Sánchez intente cumplir con lo firmado por Junts de favorecer la salida de empresas valencianas; qué va a hacer Alejandro Soler en el Congreso o qué votará el todavía secretario general del PSPV Ximo Puig en el Senado”.

“Nos preguntamos qué van a hacer los socialistas valencianos cuando Junts les exijan el cumplimiento de lo firmado en los acuerdos de gobernabilidad. Invitamos a estos tres representantes socialistas a votar en contra en el Consejo de Ministros, Congreso y Senado; pedimos que se manifiesten junto a los valencianos y digan no a la salida forzada de empresas que ya son libremente valencianas”.

Para Miguel Barrachina, “una cosa es lo que dicen algunos grupos y otra lo que hacen. La política del gobierno de Carlos Mazón de desburocratización y eliminación de impuestos va en la línea de crear un clima favorable para la atracción de empresas y su creación en nuestro territorio pero de manera libre. Lo que no es normal es que un gobierno de todos actúe para favorecer a unos territorios contra otros”.

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY

A LA MESA DE LES CORTS

Miguel Barrachina Ros, Síndic del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 164 y 165 del RC, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley de tramitación especial de urgencia sobre Respeto a la libre elección de domicilio empresarial y contra la aprobación de privilegios o sanciones por su traslado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hemos iniciado 2024 con la petición de beneficios fiscales y sanciones para alentar el regreso a Cataluña de las empresas que en los últimos años han trasladado su domicilio social a otras comunidades autónomas.

El pasado 9 de noviembre de 2023 se firmaba el pacto para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno de España, entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya.

En uno de los puntos de dicho pacto se convenía entre ambas partes lo siguiente:

“Se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años.”

La aprobación de medidas como las anteriormente expuestas, tendría consecuencias fatales para los intereses económicos de la Comunitat Valenciana.

Desde 2017 han trasladado 974 empresas su sede social de Cataluña a nuestra Comunitat. Huyendo de la deriva secesionista y del clima de inseguridad jurídica que provocó la declaración unilateral de independencia y todas las actuaciones relacionadas con el llamado “procés” llevado a cabo en 2017. Entre ellas las únicas 2 grandes empresas del Ibex 35 que tienen su domicilio social en la Comunitat.

A todo ello, deberíamos añadir el menoscabo que supondría al derecho a la libertad de empresa, al principio de igualdad y a la libre competencia, la aprobación de dichas propuestas incluidas en el pacto entre PSOE y JxCat, cuyo cumplimiento ahora se reclama al Gobierno por parte de los independistas. Contraviniendo asimismo la legislación de la Unión Europea que establece la libre circulación de personas y capitales.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1. Les Corts Valencianes instan al Consell para que requiera al Gobierno de España a:

• No llevar a cabo la aprobación de beneficios fiscales por parte del Gobierno de la Nación, cuyo propósito sea incentivar que las empresas trasladen su sede social desde la Comunitat Valenciana, u otras autonomías, a Cataluña. Favoreciendo a una comunidad autónoma en perjuicio del resto.
• Respetar la libertad de empresa y no establecer sanciones de ningún tipo a aquellas que no trasladen su domicilio social a Cataluña.
• No modificar la Ley de Sociedades de Capital en sus disposiciones relativas al domicilio de las sociedades.

1. Que del grado de cumplimiento de esta resolución se dé cuenta a estas Corts en el plazo máximo de 6 meses.

Palau dels Borja, a 10 de enero de 2024

           Miguel Barrachina Ros Síndic del GPP