07 mayo 2026. La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha comparecido en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para defender que se mantenga abierta la investigación sobre los abusos sexuales a menores tuteladas en la Comunitat Valenciana ocurridos en la etapa del anterior gobierno autonómico. “No podemos consentir que el relato que intentan imponer algunos borre a la menor”.
Bastidas ha señalado que “se trata de uno de los casos más inquietantes, dolorosos y perturbadores que ha vivido la Comunitat Valenciana en materia de protección de menores. En concreto hablamos de una menor, tutelada por la Administración, que fue abusada por un trabajador de un centro financiado con recursos públicos, pareja entonces de la máxima responsable política del departamento de infancia, ya condenado por sentencia firme. Este hecho generó una alarma social profunda”.
La portavoz popular ha indicado que “la presunción de inocencia no agota todas las responsabilidades. No borra ni la responsabilidad política, ni la ética, ni la institucional. Queremos saber si se vulneraron normas europeas. Queremos saber si se cumplieron los protocolos de prevención, detección, investigación y asistencia a menores víctimas de abusos sexuales. Queremos saber si la víctima fue escuchada o si fue silenciada por el peso de la institución. Y queremos saber qué garantías existen hoy, en el marco europeo, para que ningún menor tutelado vuelva a quedar atrapado en una grieta del sistema”.
Para Bastidas, “lo más grave hoy es el relato que se intenta construir. Porque más allá del legítimo derecho de defensa, resulta indignante que algunos grupos políticos pretendan convertir este caso en una historia de «persecución política» o lawfare. La responsable política de aquellos hechos, la señora Oltra, se ha situado en el centro de una narrativa de victimización, desplazando el foco de donde nunca debió salir: la menor abusada a la que el sistema falló. Una vez más, están tratando de invisibilizar a Teresa”.
“Este mensaje es corrosivo para la democracia -ha continuado- alimentando la idea de que hay una justicia para los débiles y otra para algunos dirigentes políticos, y que además se protegen entre ellos, cuando el procesado pertenece a su propio espacio ideológico”.
Bastidas se ha preguntado “qué confianza puede tener una víctima si ve que, tras sufrir abusos, el debate público termina girando en torno al ‘sufrimiento político’ de una dirigente adulta, pidiendo un indulto social antes incluso de que concluya el proceso judicial. No podemos consentir que el relato que intentan imponer algunos borre a la menor”.
La diputada popular ha solicitado, por un lado, que la Comisión de Peticiones “examine si, en ese caso, se vulneraron los estándares europeos de protección y respuesta institucional; que se evalúe si fueron suficientes los protocolos existentes en aquel momento y si se aplicaron correctamente; y, en tercer lugar, que se estudie si los menores tutelados cuentan hoy con mecanismos independientes y eficaces para denunciar abusos sin miedo a represalias, sin quedar solos frente a la Administración y sin depender de la voluntad política del momento, como ocurrió entonces”.
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