• La portavoz adjunta del GPP en Les Corts, Nieves Martínez, señala que “la Ley de Acompañamiento recoge esta medida sancionadora”

27 junio 2026. Las agresiones al personal médico en la Comunitat, como la padecida ayer por una médico en Vila-real o por otras dos del Centro de Salud de Xirivella la pasada semana, serán castigadas con hasta 60.000 euros gracias a la ley de acompañamiento a los presupuestos que llegó ayer a Les Corts.

Así lo ha señalado la síndica portavoz adjunta del GPP en Les Corts, Nieves Martínez, quien ha explicado que “el gobierno de Pérez Llorca da respuesta en la normativa autonómica a un problema que hasta ahora no estaba plasmado en la misma: la violencia por parte de los pacientes contra el personal de los centros sanitarios”.

En este sentido, Martínez ha recordado que “el año pasado se registraron 1.457 agresiones en la Comunidad Valenciana, 1.227 verbales y 230 físicas, según datos de la Conselleria de Sanidad. 822 se produjeron en el entorno de Atención Primaria y 635 tuvieron lugar en el ámbito hospitalario”.

La diputada popular ha explicado que “la nueva ley que ahora llega a Les Corts prevé una decena de modificaciones o incorporaciones a la ley de Salud de la Comunidad Valenciana de 2014 de carácter práctico. Esta en concreto recoge que el personal sanitario tendrá la condición de autoridad pública también fuera de los centros, siempre que el motivo de la agresión esté vinculado al desempeño profesional”.

Martínez ha explicado que “el PP ya presentó en este periodo de sesiones parlamentario una moción para establecer este tipo de sanciones que salió adelante, aunque sin determinar la cuantía. Ahora se concreta en una medida que entrará en vigor a partir del mes de septiembre”.

Nieves Martínez ha indicado que “mientras el Gobierno de Sánchez ha dado la espalda a los trabajadores sanitarios y los ha abandonado a su suerte, el Consell de Pérez Llorca les apoya en este aspecto con planes específicos de prevención, con refuerzo en la asistencia jurídica a los profesionales agredidos, con la coordinación con las fuerzas de seguridad, con la aplicación de protocolos de protección y, ahora, con la aprobación de sanciones directas a los agresores”.