11, mayo 2020.- El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular, José Císcar, ha reclamado hoy a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo un Plan de refuerzo extraordinario porque de lo contrario, “se augura un colapso judicial sin precedentes”.

“O se pone las pilas, llama a la puerta del conseller de Hacienda y dota a la Justicia de los recursos necesarios, o el colapso judicial en la Comunitat puede ser tremendo”.

Císcar se ha pronunciado de esta manera durante la Comisión de Justicia celebrada hoy en Corts donde ha defendido que la situación generada por el COVID nos lleva a un sustancial incremento de la carga de trabajo en la mayoría de los órdenes jurisdiccionales y esta sobrecarga “será, casi con toda probabilidad bastante superior a la crisis de 2008”, ha señalado.

Así, ha lamentado que el Botànic no haya querido sumarse al plan de refuerzo y se conforme con el plan ordinario implantado a principios de año antes de la pandemia ya que no han querido apoyar una propuesta extraordinaria de refuerzo de personal y de recursos que contemple los medios informáticos necesarios para una administración ágil y a la altura.

El portavoz de Justicia ha señalado que desde el decreto de alarma se han suspendido aproximadamente 20.000 juicios lo que, unido a la litigiosidad y a la ya más que evidente carga de trabajo, podemos hablar de “un colapso” inminente.

Por eso, se hace urgente poner en marcha medidas procesales y organizativas contempladas en el Decreto-ley 16/2020 para hacer frente al COVID en la Administración de Justicia que pasa por “implantar un Plan de Refuerzo Extraordinario para la Justicia valenciana con una dotación extraordinaria de recursos humanos y materiales.

Este plan, ha añadido, “estaba justificado incluso antes de la aprobación del decreto-ley, pero ahora tiene más sentido: el éxito de las medidas que se contemplan dependen en gran medida de los medios humanos y materiales y de la informatización del sistema”.

Tal y como se recoge existe la obligación de dotar a todos los órganos, oficinas judiciales y fiscalías de los medios e instrumentos electrónicos y de los sistemas de información necesarios y suficientes. Además han de ser plenamente accesibles y operativos pero “la administración de justicia valenciana no tiene implantado el expediente electrónico que nos prometió en 2016 y aún no dispone de programas de gestión telemática, siguen siendo la Justicia del fax, de los tomos y del papel” ha afeado Císcar.

Por todo ello, ha señalado que al PP “le produjo preocupación, decepción y frustración escuchar a la conselleria decir que para la implantación de estas medidas procesales no se requerirá una mayor dotación de personal”. La realidad es otra, ha explicado. “Hay que acabar con los retrasos derivados del estado de alarma y con el incremento de carga de trabajo originada por la epidemia” e implantar las medidas del Decreto-ley.

Esto requerirá de más medios materiales, más personal para gestión, tramitación y auxilio judicial. “Estamos a tiempo de que la administración de Justicia sea una aliada  no un obstáculo para la recuperación económica que debemos emprender. Pero para eso hace falta un Consell que sin demora ponga los recursos necesarios y tome las decisiones adecuadas”.