16. 16. julio, 2020.- La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en Les Corts, Elisa Díaz, ha señalado que “ha ganado la legalidad frente al sectarismo” tras conocerse que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del Consell y da vía libre a Intu Mediterráneo.

“Este Consell del Botànic ha antepuesto la ideología y el sectarismo a la ley para tratar de destruir este proyecto.  Finalmente la justicia nos ha dado la razón a quienes considerábamos que se cumplía con la ley y denunciamos el atropello y ataque a una empresa que finalmente se encuentra en situación límite con una suspensión de pagos”, ha indicado.

La diputada popular ha pedido “coherencia y rapidez a la hora de actuar en la nueva evaluación del proyecto. Desde la Conselleria de Medio Ambiente deben emitir un nuevo informe que tenga en cuenta la normativa en vigor por aquél entonces, cuando se emitió el informe que deja en tela de juicio la sentencia, no la que se han inventado para boicotear el proyecto desde entonces. Como dijo en su momento la consellera Salvador competente en territorio, no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad partida”.

Elisa Dïaz ha exigido “el cumplimiento de la normativa, aparcar la ideología a un lado, agilizar todos los trámites para que el proyecto salga cuanto antes, para ofrecer oportunidades laborales y que no sea gravoso a todos los valencianos. Puerto Mediterráneo tenia una normativa, se cumplió y se debe aplicar. Es lo que venimos exigiendo desde que se paralizó al poco de aterrizar el Botànic”.

Para la portavoz popular, “nos encontramos en unas circunstancias laborales complicadas en que cualquier nuevo proyecto no vendría nada mal para generar en torno a cinco mil empleos directos y tres mil más indirectos y numerosa inversión”.

La diputada popular ha explicado que “además, también nos enfrentamos a una posible indemnización millonaria que no tenemos por qué pagar los valencianos, se calcula -según planteaba la empresa- en unos 300 millones de euros. Si esto no llega a buen puerto la indemnización de la Generalitat será millonaria y no tenemos por qué ser los valencianos quienes acabemos sufriendo en nuestros bolsillos la cerrazón sectaria de unos dirigentes poco capacitados para la gestión. No ha sido ningún error administrativo sino pura ideología sectaria”.

Elisa Diaz ha indicado que “el nuevo informe debe ser objetivo, teniendo en cuenta que la propia empresa ha reducido el proyecto, la edificabilidad y que todas las objeciones se podían haber subsanado por aquél entonces. Ahora ya están recogidas en un proyecto modificado. El proyecto debe salir cuanto antes, ser aprobado y ejecutado en el menor tiempo posible”.