05, enero 2021.- La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha indicado que “la condena demuestra que es un cártel constituido por la familia del presidente de la Generalitat”.

Eva Ortiz ha indicado en rueda de prensa que “mientras los hospitales están saturados y la situación económica es grave, hay gente favorecida por el hecho de ser hermano del presidente de la Generalitat. La resolución que ayer conocimos a través de la web de la Generalitat por la que la Comisión de Defensa de la Competencia condena a las empresas del hermano de Puig es una vergüenza. Ahora, el presidente de la Generalitat ya no puede aducir desconocimiento sobre las empresas de los socios de sus hermanos, con el padre y el hijo implicados. Hablamos de un cartel constituido por la familia del presidente de la Generalitat”.

La secretaria general del PPCV ha indicado que “en la resolución conocida ayer hay guasaps, conversaciones, frases clarísimas en el pacto de precios, con chulería y altanería, incluso la delegada de À Punt en Castellón modifica el pliego ya publicado tras una comida con un hermano del presidente para pactar precios en un concurso de 650.000 euros con la connivencia de esta delegada y un asesor jurídico del ente. Entre esta cantidad y los 1,2 millones de euros que se están investigando por subvenciones de la Generalitat en el Juzgado número 9 de Valencia, hablamos de una trama corrupta de dos millones de euros a día de hoy. Ante esto pedimos coherencia. Lo mismo que ha exigido el señor Puig, que firmaba denuncias contra miembros del PP. Pedimos que Puig salga a dar explicaciones y que diga por qué después de cuatro años y 7 consellerias y 3 empresas públicas implicadas, sigue sin salir a dar la cara. Que se apliquen lecciones de moral y ética”.

Ortiz ha afirmado que en estos momentos “hay una sanción por pacto de precios a su hermano y socios. Cuando contemos con toda la documentación del expediente que Economía nos tiene que hacer llegar tras una sentencia del TSJ ampliaremos la denuncia en el juzgado”.

Además, el Grupo Popular ya ha pedido por registro la comparecencia de Ximo Puig, hermano del condenado, ante la diputación permanente. También ha solicitado la comparecencia del director de À Punt, Alfred Costa, para conocer quién es la delegada de Castellón, qué acordó en esas dos comidas y qué ha hecho À Punt con esta persona tras el tráfico de influencias. Asimismo, también tiene que explicar quién es el asesor jurídico que da información privilegiada y qué se derivó de esos encuentros que han terminado con un expediente sancionador”.

Eva Ortiz ha anunciado que “también se pide la comparecencia de la consellera de Transparencia. Qué ha hecho o qué va a hacer con empresas sancionadas y que, según la ley de responsabilidad social corporativa, recoge que las empresas que intentan timar no pueden contratar con la administración. Hay siete consellerias implicadas, tres empresas públicas y Transparencia no se ha enterado de nada ni abre expediente para saber qué pasa”.

Asimismo, el PP va a presentar una proposición de ley para modificar la ley y que empresas sancionadas no puedan concurrir a ninguna subvención de las administraciones públicas. A ver qué hacen Podemos o Compromís. A ver ahora qué dice Puig que se ha llenado la boca hablando de hipoteca reputacional. Llevan dos millones de euros investigados por corrupción y aún no ha salido a explicar nada. Según lo revisado entendemos que hay tráfico de influencias, prevaricación y negociación prohibida de funcionarios. Trasladaremos todo al juzgado número 9”.

Eva Ortiz ha indicado que “en la resolución hay una parte, pero se desprende que hay más cosas. Lo grave no es la multa de 46.000 euros sino las conversaciones previas, que se modifique el pliego, y que sea el asesor quien les dé las claves para presentarse en la plica. Esto es una denuncia de À Punt y les honra. También insto a Costa a terminar lo empezado porque hay dos personas bajo su mando que han formado parte de esta situación de connivencia y engaño. Esto hace sospechar si también ha pasado algo similar con las consellerias y empresas públicas donde han obtenido subvenciones. Rubén Trenzano, el director general que va a ser juzgado, debería decir quién le dio la orden. Sería mejor que colabore con la justicia a que paguen justos por pecadores”.

Eva Ortiz ha pedido a los socialistas “menos lecciones y más dar la cara. Esto es el principio de muchas cosas más que tienen que venir y nosotros vamos a llegar hasta el final, porque los socios dijeron que cuando Ximo llegue al Palau nos vamos a forrar. En ello están. A estas alturas nadie piensa que el hermano de Francis no sabía nada. No cuidan ni las formas posiblemente porque piensan que tienen bula por ser hermano del presidente. Condenan a los hermanos y aquí nadie ha dicho nada”.