2, junio 2021.- La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en Les Corts Valencianes (GPP), Elisa Díaz, ha denunciado hoy que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha “tumbado la obsesión de la consellera de Agricultura de poner la ideología por delante de los intereses de los valencianos”.

    Elisa Díaz se ha referido de esta manera después de que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) haya emitido un dictamen “demoledor” sobre la Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular al que le pone 20 reparos esenciales y otros tantos de carácter general.

   En este contexto, ha advertido que si el texto “se aprueba en estas condiciones tan poco rigurosas y sin atender las observaciones del CJC, sin hacer una valoración económica y con un gran contenido abstracto, el problema social y económico va a ser demoledor”. Por todo ello, ha instado a la consellera de Agricultura, a asumir sus “responsabilidades, recapacitar y ser humilde” ya que “todos los indicadores le sugieren que dé la vuelta” y se ponga a trabajar en una norma rigurosa, diseñada con las agentes económicos, sociales y los municipios. Hay mucho en juego”, ha señalado.

   Así, la portavoz de Medio Ambiente ha señalado que “está llena de errores por todos lados e invade competencias tanto nacionales como locales, y además ya hay una ley nacional que se está tramitando en los mismos términos, lo que genera muchas contradicciones”.

     Además, “no habido una valoración del impacto económico que es enorme” uno de los principales motivos por los que “no debería de llegar a aprobarse” porque “afecta a muchísimos agentes económicos, sociales, municipios y diputaciones” y crea una “gran inseguridad jurídica”. “La norma rompe la unidad de mercado y encubre un sistema de depósito, devolución y retorno”, ha añadido.

    Elisa Díaz ha explicado que el texto “ataca directamente a la actividad económica de la Comunidad Valenciana pero también en la actividad diaria de los municipios y de las diputaciones”. Además, “no es una transposición de la normativa europea es una interpretación sectaria de la normativa europea”.

   Esta ley “complica la salida de la crisis ya que pone en peligro puestos de trabajo, la estabilidad de miles de familias que tiemblan ante la imposición de la consellera, que no tiene un criterio claro, y actúa de forma contradictoria e incoherente”. Tanto es así, ha añadido, que hasta la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), se ha pronunciado en contra de esta ley porque “las disposiciones son un despropósito” ya que “ponen en riesgo el sector agrícola”.