05, nov, 2020.- El portavoz de Infraestructuras del GPP en Les Corts, Miguel Barrachina, ha instado hoy al conseller de Territorio, Arcadi España, a “recuperar la mordiente reivindicativa frente a un Gobierno de España que ha dejado en la mitad el número de cercanías, obligando al mismo número de pasajeros a ir con un hacinamiento absolutamente insoportable en tiempos normales y sangrante en tiempos de coronavirus”.

Barrachina se ha pronunciado así en la comparecencia de España para explicar los PGV de 2021 en su departamento. El diputado popular ha señalado que la lucha contra el Covid “es de todos, y los transportes públicos, que deberían ser un lugar libre de Covid, se han convertido en un foco de contagio”.

“Los pasajeros van hacinados en los trenes de Cercanías. Hay que hacer test”, ha manifestado el diputado, quien ha recordado al conseller de Territorio que es “el dueño de los 82 millones de euros que se van a transferir a la Autoridad del Transporte Metropolitano” y es por tanto él, como responsable del departamento, quien deberá decidir “si se hacen de forma reiterada test a todos los conductores de forma semanal, diaria o mensualmente y a buena parte de los pasajeros”. “En ninguna de las líneas de actuación de la Conselleria tiene reflejo las palabras del conseller sobre el Covid”, ha manifestado Barrachina.

El portavoz de Infraestructuras se ha pronunciado también sobre la ejecución presupuestaria de la Conselleria. “Se desvela en el estado de ejecución presupuestaria que la sección 8 -que comparten Territorio y Vivienda-, a 30 de septiembre solo ha ejecutado el 45% y pagado el 31%. De lo prometido a lo realizado hay una distancia importante”.

Barrachina ha hablado también de la Dirección General de Urbanismo, “que está dirigida por un imputado por presunto amaño de contratos, y que a 30 de septiembre que ha ejecutado el 0% en transferencias corrientes, el 0% en inversiones y el 0% en transferencias de capital”. El diputado popular ha recordado que este imputado de Castellón “comparte provincia con el Secretario autonómico de Empleo, que también está imputado y comparte provincia con la familia de Puig, por cuyas ayudas han imputado al director general de Política Lingüística. Ya no es un caso, es un relato”.