Bastidas denuncia que los impagos millonarios de Igualdad “ahogan” a los centros de menores

·      La portavoz adjunta del GPP, Elena Bastidas, señala que Igualdad adeuda 16,7 millones de euros a 21 centros

·      Las entidades sin ánimo de lucro tienen problemas para hacer frente a los gastos y el pago de los salarios

 

24, septiembre 2022- La portavoz adjunta del GPP, Elena Bastidas, ha denunciado que los impagos millonarios de Igualdad ahogan a los centros de menores con contratos expirados.

Bastidas ha criticado el “continuo retraso por parte de la Conselleria de Igualdad en los pagos de los 21 centros que tienen sus contratos expirados.  Además, adeuda 16,7 millones de euros a seis entidades de iniciativa social y sin ánimo de lucro por la gestión de hogares de acogida y residencias socioeducativas. Estos impagos ponen en riesgo la supervivencia de estas entidades sin ánimo de lucro que tienen problemas para hacer frente a los salarios de las plantillas y a los gastos”.

La portavoz popular ha afirmado que “no puede ser que el Consell de Puig lleve arrastrando durante años este problema. Debe adoptar de forma inmediata un mecanismo presupuestario para cubrir todas las subvenciones adscritas a estos centros y para tener al día los contratos que expiran. Tanto el Síndic de Greugues como Antifraude ya han exigido a Igualdad que atienda estos pagos, pero hacen caso omiso y siguen sin resolver la situación. Es intolerable que dejen de pagar lo adeudado. ¿Qué pasaría si los consellers no hubieran cobrado su salario desde octubre del año pasado? Es escandalosa la situación mientras Puig y Mas no dicen nada, no sabemos si por desconocedores o por indolentes”.

Elena Bastidas ha pedido a la consellera Mas que “solvente de una vez los retrasos en la gestión y normalización de los contratos públicos pertinentes y proceda a abonar las deudas. Puig ahoga a estas entidades que atienden a más de medio millar de niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable que se encuentran en el sistema de protección o cumpliendo medidas judiciales».

“Estos retrasos se suman a las deudas millonarias a entidades sociales que desarrollan programas de atención a las personas con discapacidad, problemas de salud mental, enfermedades neurodegenerativas, colectivos vulnerables, tercera edad y personas en riesgo de exclusión social”, ha concluido.