• Bastidas afirma que “el decreto del Consell pone en peligro la atención de muchas personas en situación de vulnerabilidad al rebajar un tercio la prestación”
• “Esta limitación de precios impide que muchas personas puedan acceder a residencias o viviendas tuteladas. No hay capacidad para elegir el centro. Como siempre la imposición por encima de la libertad de las personas y las familias”
• Elena Bastidas asegura que “este Consell está más preocupados por sus líos políticos e internos y por tapar sus verguenzas que por los problemas de los valencianos”

15 febrero 2023. La portavoz adjunta del GPP y vicesecretaria de políticas sociales del PPCV, Elena Bastidas, ha exigido a “Puig que modifique inmediatamente el Decreto del mes de agosto por el que se regulaba, entre otros asuntos, el coste de las plazas de salud mental y de dependencia”.

Bastidas ha asegurado que “se reduce el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental. Hasta ahora se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.300 euros mensuales, y ahora se concederá solamente una tercera parte, 715 como máximo”.

La portavoz adjunta del GPP ha acusado al Consell de “estar impidiendo que una gran mayoría de gente puedan ser atendidos por falta de recursos económicos. De nuevo los más vulnerables no están entre las prioridades del Consell de Puig. No atender de manera efectiva y eficaz a los que más lo necesitan demuestra que este Consell está más preocupados por sus líos políticos e internos y por tapar sus vergüenzas que por los problemas de los valencianos”.

“Esta limitación de precios impide que muchas personas puedan acceder a residencias o viviendas tuteladas. No hay capacidad para elegir el centro. Como siempre la imposición por encima de la libertad de las personas y las familias”.

Elena Bastidas ha denunciado que “esta situación no permite que las personas puedan acceder a una habitación individual o a servicios añadidos, si así lo desean, ya que la prestación vinculada de garantía prohíbe que paguen servicios por encima del coste de referencia. Todas estas imposiciones pueden comprometer la viabilidad de la red de servicios que atienden a las personas. Queremos más y mejor atención y  que se consensue con los sectores implicados”.