• La portavoz de servicios sociales del GPP lamenta que la izquierda “utilice cuestiones tan sensibles como la salud mental y la atención a las personas con discapacidad para hacer política con falsedades”
• Recuerda que “el Botànic dejó un déficit de 24.000 plazas”

27 mayo 2025.- La portavoz de servicios sociales del GPP, Elena Bastidas, ha señalado que “la izquierda valenciana no soporta que “el Consell de Mazón desatasque las residencias de mayores o mejore la renta valenciana de inclusión”.

Bastidas ha respondido así a las acusaciones del PSPV sobre el mantenimiento de los servicios sociales por parte del Consell. “El Botànic dejó un déficit de 24.000 plazas de residencias, un Plan Convivint fantasma con apenas el 0,6% ejecutado, y una administración sin capacidad para la ejecución y gestión”.

La portavoz popular ha señalado que “la diputada socialista Silvia Gómez ha elegido para sus críticas el mismo día en que han licitado las primeras residencias de mayores, que el Botànic mantenía con contratos caducados hasta desde 2019 (y la consecuente degradación del servicio y sueldos de profesionales). Y también el día en que el Consell ha aprobado el anteproyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión”.

Bastidas ha señalado que, «además de las licitaciones de hoy, el Consell ya ha publicado la resolución para la financiación de los servicios sociales municipales con 313,6 millones de euros durante los próximos cuatro años, lo que supone un incremento de 18 millones de euros respecto a 2024 y un crecimiento de más de 46 millones respecto a 2023. Esto son hechos y realidades frente a la demagogia de la oposición”.

“Además -ha continuado- hemos licitado los centros mujer, a los que se han presentado 20 empresas (frente a las cero que se presentaron en su licitación obligándoles a dejar caducados los contratos)”.

Respecto a las críticas por el traslado provisional de los enfermos mentales del CEEM de Albocàsser, Bastidas ha lamentado que “utilicen cuestiones tan sensibles como la salud mental y la atención a las personas con discapacidad para hacer política con falsedades. Todos saben que es una medida temporal para garantizar un entorno seguro y digno para los usuarios del servicio. Igual que con los mayores de la residencia Sagrada Familia de la Vall d’Uixó donde el Ayuntamiento ni ha realizado las reformas necesarias ni ha buscado soluciones a una residencia que es municipal y de cuya gestión es responsable”.