En este sentido, la diputada popular ha señalado que “el resultado de que el 60% de los centros hayan escogido vehicular en valenciano, ante la implantación de la ley en el próximo curso en secundaria, es la constatación de que estamos ante una norma que aplica un modelo único, en el que desaparecen las líneas en castellano y donde las familias no han participado. No es un éxito, es un retroceso en las libertades de los estudiantes y sus familias”.
Beatriz Gascó ha indicado que “Marzà intenta vender como consenso un proceso que es una imposición. La estrategia que siguen es la misma que la de Pedro Sánchez con los indultos: intentar blanquear algo que no que no es más que una traición a los valencianos. Están vendiendo como un logro una norma que el propio TSJ anuló, justo invalidó el apartado de los proyectos lingüísticos de los que el Conseller saca pecho. El alto tribunal dijo que los proyectos lingüísticos (PLC) no se ajustaban a derecho porque no representaban la voluntad de los padres y, que ni la administración, ni los consejos escolares podían sustituir a las familias. Por desgracia ya estamos acostumbrados a que Marzá diga que todo está bien, pese a que la Conselleria de Educación tiene más de cincuenta sentencias en contra. Se ha vendido la educación de nuestros hijos al nacionalismo”.
Para la portavoz popular, “no ha habido diálogo ni consenso. En un momento de pandemia en el que no se ha podido garantizar que los proyectos lingüísticos hayan sido el resultado de un proceso participativo. Nos parece rastrero utilizar un momento tan complicado para aplicar una norma que genera muchísimo rechazo”.
La portavoz popular ha señalado que “es un escándalo que Marzà diga que sale con el consenso de las familias porque él sabe mejor que nadie que esa afirmación no es cierta. En los consejos escolares la participación de los padres y madres es de un 13% y, teniendo en cuenta que estamos ante un asunto de vital importancia, si realmente se buscara el consenso, la participación debería ser del 100% del censo escolar. Se debería hacer una consulta a todas las familias sobre el modelo lingüístico. La prueba de que no hay consenso la tendrá el Botànic este fin de semana en la ciudad de Alicante”.
Gascó ha indicado que “es lamentable que Marzà defina este proceso como ganancia, cuando lo que supone es un retroceso en las libertades de los valencianos. Imponiendo un modelo único las familias jamás van a tener la opción de elegir. Marzà intenta defender un procedimiento que no se ajusta a derecho, impone una forma de pensar, ataca la libertad de las familias y genera una gran inseguridad jurídica en el profesorado”.
Por último, Beatriz Gascó ha indicado que “para el PP la libertad lingüística es clave. Hay que defender el valenciano, pero no imponerlo, hay que respetar la legalidad, nuestra diversidad y las zonas castellano hablantes. Hasta ahora habían coexistido las dos lenguas sin problemas, pero Marzà se dedica a reavivar una guerra con su sectarismo. Por eso, la primera norma que derogaremos será la ley de la imposición lingüística porque, lejos de ayudar a los alumnos, lo que consigue es penalizarlos. Desterrar el castellano de las aulas no tiene nada de pedagógico”.
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