10 julio 2024. El diputado del GPP Vicente Betoret ha afirmado que “la Ley de Buen Gobierno que hoy aprueban Les Corts contiene reformas de calado para mejorar la transparencia en la Comunitat Valenciana”.
Vicente Betoret ha defendido en el pleno de Les Corts la nueva norma. “Se trata de modificaciones a la Ley de Transparencia y a la Ley de Incompatibilidades porque la transparencia es una política irrenunciable y transversal en el Consell de Carlos Mazón”.
Betoret ha explicado que “las leyes realizadas por el Botánico en este ámbito que hoy se reforman carecían de practicidad y han supuesto numerosos problemas en su aplicación, de hecho, la Ley de Transparencia apenas ha sido aplicada y desarrollada por el anterior gobierno. Han tenido un papel meramente decorativo más centrado en el marketing político que en una voluntad real de transparencia. De hecho, una vocal nombrada a propuesta de Compromís llegó a decir que la habían nombrado para hacer de “palmero” del Botànic y no para velar por la transparencia”.
“La evidencia del fracaso del Botánico fue su incapacidad para renovar el Consell de Transparencia y por esta razón esta proposición de ley tiene una cláusula subsidiaria de nombramiento para superar el bloqueo actual que implica que en el caso de que, tras sucesivas votaciones, y en el plazo de dos meses desde la primera votación, no se hubiera alcanzado el consenso necesario, puedan ser elegidos los miembros del Consell de Transparencia por mayoría absoluta”, ha añadido.
La nueva ley crea una nueva garantía de rendición de cuentas ante la ciudadanía, permitiendo una mayor flexibilidad en la elaboración del plan de gobierno y permitiendo la regulación por vía reglamentaria de los términos concretos de la planificación estratégica.
También establece un marco más homogéneo a la realidad nacional con una armonización normativa en la materia a través de la aplicación del régimen general de los concejales, respetando el principio de que ningún cargo público debe cobrar más de una retribución por el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tanto que el ejercicio de los cargos públicos no electos lo han de ser en régimen de dedicación absoluta y exclusiva.
En el caso de las declaraciones de bienes, la proposición de Ley establece el extracto como medida general de publicación y registro de los datos relativos a bienes, renta y actividades de los altos cargos, que se establecerá reglamentariamente, con un doble objetivo: cumplir la normativa de protección de datos y facilitar la política de datos abiertos y el régimen de comparación que es también un elemento de rendición de cuentas.
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