28, sept, 2020.- La Presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha anunciado hoy que el PPCV presentará en todos los ayuntamiento de la Comunitat una moción para reclamar la aprobación del proyecto de ley presentado por el PP para evitar la ocupación ilegal de viviendas.

Bonig ha hecho este anuncio en Torrent, donde se ha reunido con la portavoz municipal, Amparo Folgado, y el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó. Así, ha señalado que más de 1.300 viviendas del parque público de la Generalitat están ocupadas ilegalmente, y 840 vacías porque el Consell no invierte y eso “es una estafa” para las 25.000 familias en la Comunitat Valenciana que están en lista de espera esperando y cumpliendo la ley para que Puig les dé una vivienda con un alquiler social. “Hay muchas familias que siguen su procedimiento, se apuntan en una lista, presenta la documentación y gurda turno, pero hay otros que pegan una patada y ocupan, y eso es lo que no podemos consentir”, ha señalado.

Por eso, el PPCV ha propuesto que el dinero “de todos esos nuevos nombramientos de altos cargos, asesores y comisionados se dedique a rehabilitar esas 840 viviendas para que vayan destinadas a 840 familias vulnerables que lo necesitan. Eso se llama política para las personas lo demás demagogia”.

Bonig ha resumido las cinco claves del proyecto de ley: pretende que los ocupas no tengan más derecho que el legítimo propietario; establece un plazo de 12 a 24 horas para que voluntariamente la persona que ha ocupado ilegalmente una vivienda pueda irse y, tras ese tiempo, se puede iniciar el procedimiento; prevé que no se permitan los empadronamientos de gente que haya ocupado ilegalmente una vivienda, “son nulos de pleno derecho, para que no pueda acceder a una serie de beneficios que otorga el municipio de la localidad” ya que “no podemos dar carta de naturaleza a la ilegalidad”.

Además, contempla la reforma del Código penal para los delitos relacionados con la ocupación ilegal relacionado con mafias y que a las comunidades de propietarios y de vecinos puedan actuar en el caso de una ocupación ilegal. “Esta propuesta excluye a las personas vulnerables, la ocupación ilegal no puede ser sustitutiva de la nefasta política de vivienda pública del señor Sánchez y de Puig”.

Bonig ha afeado que Puig el pasado lunes en el debate de Política general dijera que la ocupación ilegal no es un problema cuando en España ha crecido haya un 58% en los últimos años. Es más, ha explicado, en según los datos del Ministerio del Interior, en la Comunitat Valenciana en 2019 hubo 496 ocupaciones ilegales denunciadas frente a las 566 que ha habido solo en estos seis meses de 2020. Es decir, ha añadido, un 14 % más en solo seis meses.

Esta norma, ha añadido, no afecta a las personas vulnerables, solo a las mafias que están utilizando “la poca rectitud y energía de los gobiernos locales, autonómicos y nacionales de la izquierda para atajar este fenómeno”. “No podemos avalar la política de ocupación ilegal como una política sustitutiva a la nefasta actuación de los gobiernos de izquierda del PSPV, Compromís y Unidas Podemos por no llevar a cabo políticas públicas de creación de viviendas públicas para gente necesitada”, ha concluido.