· La presidenta del PPCV pide a Puig que asuma responsabilidades políticas por su gestión en el Covid tras quedar demostrado que “ha mentido a los valencianos”· Defiende la independencia judicial tras los ataques del Botànic contra el Supremo por el recurso del PP |
18, junio 2020.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Isabel Bonig, ha anunciado la presentación de una proposición de ley para reducir el gasto en altos cargos y organismos públicos y blindar el gasto sanitario”.
Bonig ha concretado en la sesión del control del pleno de les Corts que “la semana que viene presentaremos una proposición de ley que contiene la reducción a la mitad de asesores y enchufados personal eventual del Consell; revertir las tres subidas salariales de los altos cargos en estos años; y una auditoría para eliminar organismos y entidades públicas de nueva creación y que son innecesarias. El aumento del sector público valenciano en los últimos cinco años es de 700 millones de euros”.
La presidenta popular ha indicado que “con esta proposición de ley, antes que aumentar impuestos y la deuda preferimos reorganizar el gasto y quitarle gasto político a la administración”.
“Además -ha continuado- la proposición también contiene blindar por ley el gasto sanitario. Con esta ley, a partir de ahora ningún gobierno podrá tocar el gasto sanitario, minorar los créditos del gasto sanitario. Porque la sanidad valenciana que ha construido el PP en los últimos veinte años con los valencianos es lo primero. Puig tendrá que decidir si se queda en la política de servir o continúa en la política de ser servido, a él y a los suyos”.
Isabel Bonig ha pedido a Puig que asuma responsabilidades políticas por su gestión el Covid. “Ha quedado demostrado que este Consell ha mentido a los ciudadanos valencianos con esta crisis. No han explicado las causas por las que no pasamos de una fase a otra, no han asumido responsabilidades por el material de protección en mal estado, por la falta de suministro de ese material a los profesionales, a los que acusaron de contagiarse por viajar de vacaciones, prometió que cobrarían el ERTE en mayo y aún hay 40.000 trabajadores que no han cobrado, han denostado al sector turístico, han faltado a la verdad con la información a los ayuntamientos. Todos han abandonado al Consell en esta fase de reconstrucción. Todos los sindicatos sanitarios se han levantado de la mesa de diálogo por su incumplimiento. Hasta Hosbec se queja del menosprecio del Consell”.
Asumir responsabilidades políticas
La síndica popular ha recordado que en diciembre de 2018 Puig dijo que “más allá de lo que determine la justicia se deben asumir responsabilidades políticas. No diré lo que ustedes dicen de “centenares de muertos en residencias y cero responsables políticos”, pero debería cumplir su palabra”.
“Durante el confinamiento, el DOGV no ha parado de nombrar asesores. Hasta tres nuevos. Los 330 altos cargos de Puig han acumulado tres subidas de sueldo consecutivas sin renunciar a ninguna. De esos 330, nos preguntamos cuántos han tenido actividad durante el estado de alarma, si era necesario mantenerlos a todos, si había que sacar las subvenciones de 600.000 euros para fosas en la memoria histórica olvidando a los fallecidos que no tienen cabida en la comisión de reconstrucción o para la presunta trama de los hermanos Puig. Un licenciado en Medicina contratado estos días que se ha dejado la piel y la vida contra el virus, cobra apenas 1.121 euros. Cualquier asesor percibe mínimo 2.300 euros. Esto no es justo, no dignifica la profesión sanitaria y no es velar por las condiciones laborales de los trabajadores”, ha añadido.
Isabel Bonig ha indicado que “desde el PP le hemos tendido la mano y llevado a cabo una lealtad crítica. Le hemos presentado un plan con medidas concretas que hemos puesto a su disposición, entre ellas un plan de diez medidas sanitarias. No nos quedamos en la crítica y por eso presentamos esta nueva ley”.
Bonig también ha aprovechado su intervención para defender “la independencia judicial, el imperio de la ley, el estado de derecho y la independencia del ministerio público frente a los ataques no solo de los independentistas sino también de consellers del Botanic por dos recursos que dos diputados del PP presentaron ante la Justicia y que nos ha dado la razón sobre las lenguas oficiales en la Comunitat”.
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