19, diciembre 2020.- La Presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha señalado que “hoy respaldamos una manifestación que es un grito por la libertad de los padres a la hora de elegir la educación y la lengua vehicular en la que quieren que estudien sus hijos, y sobre todo, por hacer una educación pública de calidad y neutral donde se prime la excelencia y el apoyo a una educación en libertad. Y lo hacemos conscientes de que esta Comunitat ha sido el banco de pruebas de la Ley Celaa”.

Bonig se ha expresado en estos términos antes de participar en la manifestación convocada en contra de la ley Celaá a la que ha acudido junto a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, la presidenta del Comité Electoral del PP, Belén Hoyo, el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó y el senador Fernando de Rosa.

“La Ley Celaá del Presidente Pedro Sánchez y el modelo educativo de Ximo Puig son un ataque a la libertad, un ataque a los principios de mérito y capacidad que deben asociarse con la educación”. La Comunitat, ha añadido, “ha sido el banco de pruebas a la izquierda en materia educativa” y ha recordado el viernes conocíamos una sentencia que condenaba la imposición educativa de Ximo Puig.

Así, ha señalado que “no se trata de enfrentar a publica y concertada, que también es pública porque forma parte del sistema educativo que nos hemos dado todos los españoles sostenido con fondos públicos” sino de “dar libertad de oportunidades a todos los alumnos y esto es lo que se ha puesto a una dado”.

Lo han confirmado, ha explicado, 42 sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y del Tribunal Supremo. “Todos los tribunales han coincidido en decir alto y claro que la política educativa del PSOE, Compromis y de Unidas Podemos ataca la libertad”.

La Presidenta del PPCV ha querido lanzar un mensaje a toda la sociedad valenciana, “si hay un partido político que ha defendido esa libertad y que va a continuar defendiéndola es el PP, es el único partido que ha acudido a los tribunales para frenar la imposición”.

“Somos el único partido que ha estado al lado de la comunidad educativa, de la educación en su conjunto defendiendo la libertad, al lado de las familias, de la libertad del profesorado, de la formación del profesorado, a favor de que los inspectores sigan accediendo a los puestos de inspección por mérito y capacidad, para garantizar funcionarios independientes”.

“Nos hemos dejado la piel por defender la libertad”

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha señalado que “en los últimos años nos hemos dejado la piel por defender la libertad educativa, hemos recurrido a los tribunales la ley del señor Marzà que era una avanzadilla de lo que pretende ahora la Ley Celaa”.

Así, ha recordado que de las 42 sentencias, 27 han sido básicamente por la eliminación de conciertos a escuelas que tenían demanda social, una demanda social que en esta ley desaparece como concepto y como criterio de planificación educativa.

“Queremos un sistema en absoluta libertad y en cumplimiento de la normativa que exige la red pública, porque en realidad la concertada es un servicio público que se gestiona desde una entidad privada pero no deja de ser un servicio público”, ha señalado.

Respecto a la imposición lingüística, Catalá ha señalado que la lengua nunca debe ser utilizada como un elemento de confrontación sino como un elemento de comunicación: “ya está bien de estos debates antiguos, de distinguir unos centros de otros, de imponer a las familias, queremos una educación para el futuro”