26, octubre 2020.- La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha pedido una auditoria de la Ribera antes de revertir Torrevieja porque “si Alzira ha sido un desastre no tiene sentido revertir en plena pandemia la gestión del Hospital público de Torrevieja”.

Isabel Bonig ha presentado en rueda de prensa una iniciativa parlamentaria para que la Sindicatura de Comptes realice una auditoría de los tres últimos años del área sanitaria de la Ribera para saber cuántos nos ha costado la reversión de Alzira y su situación sanitaria actual.

Bonig ha indicado que “para la anunciada reversión del Hospital de Torrevieja hay que tener los números y elementos de criterio objetivos porque estamos hablando de salvar vidas y de destinar el dinero para lo importante. El Botànic va a someter al sistema a un estrés importante y nos vamos a gastar más dinero por pura ideología. Lo lógico es mantener lo que funciona bien y saber si nos cuesta más o menos”.

Para la líder popular “no se pueden recuperar servicios sin saber lo que nos va a costar. En Alzira en estos tres últimos años se han duplicado las listas de espera, se han eliminado servicios, hay problemas con los trabajadores y nos cuesta más caro a los valencianos. Estamos hablando de cientos de millones de euros en un momento en que se necesita una buena gestión sanitaria. No parece lo más lógico someter en estos momentos a estrés sanitario y laboral a una comarca como la Vega Baja”.

Bonig ha afirmado que “se plantea la reversión pese a la crisis epidemiológica, sometiendo a un estrés innecesario a los 1.400 trabajadores de un hospital que es público. Suman el laboral al estrés sanitario que ya están sufriendo las UCIS y los hospitales de toda la Comunitat. Estamos en una situación excepcional y hay que poner todos los recursos al servicio de salvar vidas también a aquellos que tienen otras enfermedades”.

La presidenta popular ha señalado que “en octubre de 2021 cabe también la posibilidad de prórroga. En esta situación, sin saber a qué atenernos, no parece lógico y sensato meterse en este fregado administrativo. Si ha sido un desastre Alzira, en plena pandemia no es momento entrar en cómo se hace esa reversión, con cuestiones laborales y jurídicas que descentran a los sanitarios”.

Isabel Bonig ha explicado que “en la entrevista del pasado jueves con Puig le pidió esta prórroga, pero él no me contestó claramente y no me miró a los ojos. Si el problema es el chantaje de Compromís y Podemos, tiene nuestro apoyo para prorrogarlo. En estos momentos es evidente que no es de recibo llevar a cabo la reversión de Torrevieja, sin planificación ni gestión”.

“La auditoría de La Ribera que planteamos es para para saber lo que nos va a costar porque, si no hay dinero para reforzar la primaria o para los MIR, no se entiende que no se pueda prorrogar uno, dos o hasta los cinco años que prevé la norma. El propio Síndic ya redactó un informe que señalaba que este sistema público de concesión era un 30% más eficaz”, ha añadido.

Bonig ha mostrado su sorpresa por la actual situación. “Hace una semana dijo en sesión parlamentaria que la Comunitat Valenciana estaba mejor preparada que el resto y, sin embargo, ahora anuncia de pronto medidas muy restrictivas. Lo cierto es que hay desfase entre los datos que dan unos y otros, lo que viene a ahondar en el desastre de gestión que vive nuestro país en esta pandemia. En estos momentos hay que centrarse en la salud y en la economía. Y no en, por ejemplo, el cambio de la ley electoral pública valenciana. Es lamentable que estén pensando en cómo perpetuarse en el sillón en lugar de intentar salvar vidas”.

La también síndica popular ha indicado que “en esta segunda oleada no se pueden admitir determinadas cosas y caer en los mismos errores que en la primera oleada, con restricciones y con ausencia de medidas sanitarias complementarias.

Respecto a la declaración del estado de alarma, Bonig ha señalado que “no se pueden lanzar mensajes contradictorios y no decir toda la verdad. Hemos pasado tres meses sin modificar lo que viene exigiendo el PP: una reforma de la legislación ordinaria para dar un instrumento normativo común y fiable a todas las CCAA. Necesitamos un marco normativo común y solo con las medidas restrictivas no vamos a solucionar el problema. Deberían ir complementadas con ayudas económicas a los sectores afectados: hostelería, restauración, taxis y ocio nocturno”.

Por último, sobre las ayudas europeas, Bonig ha pedido “criterios claros y un reparto justo. Puig nos ha estado mintiendo también en esto diciendo que había 410 proyectos y que llegarían 21.170 millones de euros. Que digan qué plan tienen para que las empresas puedan llegar”.