· El portavoz de industria del GPP, Felipe Carrasco, denuncia que el Consell “tiene paralizadas instalaciones por valor de 9.000 millones de euros· “Con este decreto, Puig arrebata a uno de cada cinco pueblos de la Comunitat el derecho a instalar energías verdes” |
21, mayo 2020.- El portavoz de Industria del GPP, Felipe Carrasco, ha señalado que “las batallitas en el tripartito vuelven a paralizar las renovables en la Comunitat Valenciana”.
El portavoz popular ha recordado que “el Consell tiene paralizadas instalaciones en la Comunitat Valenciana por valor de cerca de 9.000 millones de euros, lo que supone una merma de ingresos de unos 145 euros por cada valenciano y dejar de generar 5.000 empleos de calidad con las energías verdes. Y, mientras, la inoperancia de este Consell tiene en el aire el decreto de las renovables para la instalación de nuevas plantas en la Comunitat Valenciana por las rencillas y “vendettas” entre el tripartito, donde Ximo Puig cambia caras pero no cambia políticas”.
Carrasco ha lamentado que “la extraña pareja Oltra-Mollá se dedican a jugar con la economía, yendo en contra de los intereses de los valencianos y planteando batallitas irresponsables en un momento de crisis. Somos la comunidad autónoma que menos renovables hemos instalado en los 7 años que lleva el gobierno del tripartito, ahogados por la burocracia. Mientras en Murcia los trámites tardan dos días, aquí dos años”.
El diputado ha recordado que “el Consell aprobó dos años una ley para agilizar el desarrollo de las energías verdes. Pero la realidad es que con esta ley no se ha aprobado ni un solo proyecto. Y ahora vuelven a la carga con un nuevo decreto, en contra del sector, en contra de la economía y en contra de la inversión verde en la Comunitat Valenciana, con peleas internas con Compromís y Podemos. Legislan retroactivamente, creando inseguridad jurídica y provocando fugas de inversiones a otras CCAA”.
El portavoz popular ha indicado que “Puig con este decreto arrebata a uno de cada cinco pueblos de la Comunitat el derecho a instalar energías verdes y además activa con los ayuntamientos una cláusula de bloqueo por un año. También prohíbe la fotovoltaica en la Vega Baja, condenando a los agricultores (ni agua, ni energía, ni cultivos). Lo mismo ocurre con la zona de la Plana, incompatible con este decreto Ley. Mientras allí cierra Acciona, crece el desempleo o las azulejeras padecen pérdidas por el coste del gas, se les niega la posibilidad de recurrir a su mejor alternativa, el H2 verde producido con renovables. Todo es un sinsentido”.
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