· “Lo que se está haciendo desde el Consell contra determinadas personas en este asunto es una persecución política al más estilo totalitario”
· El Consell de Puig insiste en sus recursos de forma obsesiva en contra del criterio de jueces fiscales y tribunales · “Los valencianos no tienen por qué asumir las manías persecutorias de la Generalitat” |
11 julio, 2020.- El portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular (GPP), José Císcar, ha anunciado hoy que el PP “se está planteando muy seriamente el ejercicio de acciones para que las costas procesales del recurso interpuesto en el caso de la compra de Valmor las pague quien decidió entablar esos recursos”. “El Consell lo hizo a sabiendas de que su proceder podría tener graves consecuencias para el dinero de todos los valencianos, consecuencias millonarias”.
Ciscar se ha referido de esta manera al alto coste que tendrá que asumir la Generalitat, que podría ascender a un millón de euros, por emprender recursos “omitiendo la reglas de la más elemental prudencia, como era recabar la postura y opinión de la Abogacía de la Generalitat”. Así, ha tildado de “sorprendente” que Puig no solicitara un informe jurídico de la Abogacía antes de formalizar el recurso, un informe que podría haberle advertido sobre las escasas posibilidades de éxito de este recurso, causando además “un daño moral y patrimonial absolutamente innecesario a determinadas personas”
“Lo que se está haciendo desde el Consell contra determinadas personas en el caso Valmor es una persecución política al más estilo totalitario” ha señalado al tiempo que ha añadido que “los valencianos no tiene que pagar el alto coste de las manías persecutorias del Consell”.
Así, ha señalado que ya son muchas las resoluciones que señalan y apuntan que la compra de Valmor fue una buena decisión entre todas las posibles, y eso “ya lo entiende todo el mundo excepto el Consell de Puig, que insiste en sus recursos de forma obsesiva y en todas partes en contra del criterio de jueces fiscales y tribunales”.
Por esta razón, el GPP “se plantea muy seriamente el ejercicio de acciones para que esas costas procesales las pague quien, a sabiendas de que su proceder podría tener consecuencias millonarias para todos los valencianos, decidió entablar esos recursos omitiendo las reglas de la más elemental prudencia como en este caso recabar la opinión de la Abogacía de la Generalitat”.
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