• «Los gobiernos socialistas llevan años utilizando el arraigo y el empadronamiento como requisitos para acceder a ayudas y subvenciones”
• «Resulta sorprendente que ahora el PSPV se rasgue las vestiduras por una práctica que ellos mismos han aplicado durante años”

14 julio 2026. La portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Popular en Les Corts, Mari Carmen Contelles, ha apuntado que «los gobiernos socialistas llevan años utilizando el arraigo y el empadronamiento como requisitos para acceder a ayudas y subvenciones en muchos de los ayuntamientos en los que gobiernan, como Gandía o Mislata».

«Si el señor Muñoz considera que establecer criterios de arraigo es racismo, los primeros a quienes tendría que señalar son a su propia secretaria general, Diana Morant; al secretario provincial del PSPV, Carlos Fernández Bielsa; y a decenas de alcaldes socialistas que aplican exactamente esos mismos criterios en los municipios que gobiernan», ha afirmado Contelles.

La diputada popular ha recordado que los requisitos de empadronamiento o residencia previa para acceder a determinadas ayudas municipales, son una práctica «habitual y plenamente normal en las administraciones públicas de toda España, donde siempre se establecen prioridades y criterios objetivos para distribuir los recursos públicos».

«Resulta sorprendente que ahora el PSPV se rasgue las vestiduras por una práctica que ellos mismos han aplicado durante años tanto desde la Generalitat como desde numerosos ayuntamientos», ha señalado.

Asimismo, ha señalado que durante el Gobierno del Botànic y con Mónica Oltra como vicepresidenta «la Generalitat también aplicó criterios de arraigo». En este sentido, ha recordado que la Renta Valenciana de Inclusión incorporaba requisitos relacionados con la residencia y que, en las políticas de acceso a vivienda pública impulsadas por el anterior Consell, también se valoraban circunstancias vinculadas al empadronamiento y al arraigo.

Respecto a las amenazas socialistas de acudir a los tribunales, Contelles ha mostrado su tranquilidad. «Si creen que esos criterios son ilegales, deberían empezar recurriendo las bases de ayudas aprobadas por los ayuntamientos gobernados por el PSPV, como Gandía o Mislata, así como las normas que aprobó el propio Consell del Botànic. Nosotros, como siempre, respetaremos lo que determinen los tribunales».