11, sept, 2022.- La portavoz de Igualdad del Grupo Popular en Les Corts, Marisa Mezquita, ha instado al Gobierno valenciano a “renovar el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género” y a establecer “un sistema de evaluación periódica”.

Mezquita ha recordado que el pacto se firmó el 17 de septiembre de 2017, con una vigencia de cinco años. “Por tanto, el pacto está a punto de caducar y es imperativo continuar adelante con medidas para afrontar esta lacra que sacude nuestra sociedad”, ha señalado. Así, la diputada ha recordado que la Comunitat Valenciana lleva los últimos años liderando el ranking de las comunidades de España con mayor tasa de violencia de género, con un porcentaje del 22,2% en lo que va de año, muy superior a la registrada en el mismo período el año anterior, y un porcentaje del 5,5% superior a la tasa media del Estado.

“Los datos son preocupantes. La realidad es que el pacto es una herramienta válida, pero no se ha podido constatar su eficacia, por lo que desde el GPP instamos a que, en su renovación, se incluyan medidas para avanzar. Según datos del Ministerio de Igualdad, desde 2017, año en que se aprobó el Pacto Valenciano de Violencia de Género y Machista, se han contabilizado un total de 30 mujeres asesinadas en nuestra Comunitat que han dejado, a su vez, un total de 20 huérfanos”, ha señalado.

Mezquita ha explicado que entre las medidas que propone el GPP figuran establecer un calendario de las medidas a implantar en base a criterios de prioridad, establecer un sistema de evaluación periódica y continua de la eficacia de las medidas que se implanten con una periodicidad mínima bianual y dotar de una memoria económica el pacto con la estimación del crédito necesario para el desarrollo de las medidas.

Además, el GPP solicita que se garantice una financiación suficiente “con independencia de las aportaciones que se puedan recibir del Pacto de Estado contra la violencia de género”, que se refuercen los mecanismos de prevención y detección precoz de todas las formas de violencia ejercida contra las mujeres, así como la violencia de género que sufren niñas y niños, que se mejore,  complemente y dé amplia difusión del mapa de recursos de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y machista y establecer un Catálogo de Buenas Prácticas de políticas y proyectos elaborados por otras administraciones para su valoración e implementación en su caso.