• La portavoz de Educación del GPP, Beatriz Gascó, señala que si Puig no es capaz de defender ante el gobierno central los derechos de las familias, “el PP no permitirá este nuevo atropello”.

• El PP presenta una PNL en Les Corts para que se garantice el derecho de las familias a elegir libremente el tipo de centro.

• “La ministra Celaá es un peligro para la libertad de las familias”

29. abril. 2020.- La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha anunciado que emprenderá “todas las medidas necesarias” para evitar el cierre de los centros de Educación Especial que pretende el gobierno Sánchez con la nueva ley educativa. En este sentido ha presentado una Proposición no de ley en Les Corts solicitando la eliminación de este punto en la nueva ley educativa para garantizar que se respeta la voluntad de las familias.

La portavoz popular ha anunciado que “desde el PP vamos a defender la existencia del modelo dual que ha convivido durante años en perfecta armonía. Defendemos la voluntad de las familias a escoger este tipo de educación”.

Gascó ha pedido a Puig que salga a defender ante el gobierno central los derechos de las familias. “Si él va a permanecer callado permitiendo este atropello, nosotros no lo vamos consentir.”

“Esta decisión –ha continuado- no ha sido consultada ni con los padres, ni con los profesionales de los centros. Muchas familias con niños con discapacidad intelectual, entidades, colegios de educación espacial, sindicatos y profesionales de la enseñanza se opusieron a esta norma con diferentes manifestaciones. Lejos de escucharse sus reivindicaciones, en pleno estado de alarma han reactivado la tramitación de la ley educativa y las personas afectadas entienden que se está actuando de espaldas a la sociedad y que no se les deja capacidad de reacción. Tramitando la ley educativa en pleno confinamiento están amordazando a las familias”.

Beatriz Gascó ha indicado que “la ministra Celaá es un peligro para la libertad de las familias. Quiere imponer a toda costa su forma de pensar arrebatando la libertad de elección de los padres, con hijos tan vulnerables, añadiéndoles un nuevo sufrimiento y poniéndoles más trabas en lugar de ayudarles”.

En la propuesta se solicita que el Consell, en primer lugar, “implemente los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una educación de calidad, en equidad a todos los alumnos con discapacidad, ya estén estos escolarizados, en centros ordinarios o en centros de Educación Especial”.

En segundo lugar, que se “garantice el derecho de los padres a elegir la modalidad educativa que desean para sus hijos, en el marco de una oferta educativa plural, se les garantice la plena inclusión educativa tanto en los centros ordinarios como en centros de Educación Especial”.

En tercer lugar, “garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de Educación Especial tanto en la red pública como privada concertada como garantes de la libertad de elección de las familias”.

En cuarto y último lugar, “solicitar al gobierno de España que elimine del anteproyecto de la ley educativa la disposición adicional cuarta que pretende limitar la escolarización de niños en centros de educación especial y eliminar la mayoría de estos centros”.