El PP plantea en 72 enmiendas deducciones de hasta 600€ por gastos de material contra el COVID, reducir altos cargos y evitar trato de favor a familiares

El GPP defiende la limitación de altos cargos de la Generalitat en 89 personas y personal eventual en 74

·      Hay referencias a la prohibición de contratos menores si hay relación afectiva o de consanguinidad con cualquiera de los miembros del Consell

·      Propone la derogación de la Ley de plurilingüismo y la eliminación del Instituto Valenciano de Estadística

·      Plantea deducciones de 600 euros por cada hijo nacido o adoptado, 750 si se trata del segundo y 900 si se trata del tercero o sucesivos

 

12, nov, 2020.- El Grupo Popular en Les Corts (GPP) ha registrado 72 enmiendas parciales a la llamada Ley de Acompañamiento, cuyo plazo de presentación terminaba hoy, entre las que se encuentran deducciones fiscales de hasta 600 euros por los gastos derivados de la compra de gel y mascarillas, reducción de altos cargos y asesores, propuestas para frenar la imposición lingüística, deducciones por hijo de hasta 900 euros y medidas para evitar los tratos de favor a familiares en lo que tiene que ver con la contratación pública.

 

Entre las enmiendas figura una de adición para la delimitación del número de personal eventual y altos cargos de la Generalitat. La enmienda señala que, en tanto que la Comunitat Valenciana no cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por el Gobierno de España, el máximo de eventuales se fijará en 74 puestos y el de altos cargos no podrá exceder de un máximo de 89.

 

Además, el PP propone deducciones en el tramo autonómico del Impuesto de la Renta a las Personas Físicas de hasta 600 euros por gastos derivados de la compra de material para protección contra el COVID como geles y mascarillas. Así, plantea una deducción de 200 euros con carácter general para todos los contribuyentes, de 300 euros cuando sea familia numerosa y de 600 para los trabajadores por cuenta propia sujetos al método de estimación objetiva para el rendimiento de las actividades económicas. Esta deducción será aplicable mientras dure la pandemia “sin que la Administración pueda exigir acreditación documental del mismo”.

 

Evitar tratos de favor

 

Otra de las enmiendas de adición hace referencia a la prohibición de contratación menor, para evitar que no se pueda contratar con la Generalitat ni con sus entidades autónomas, entidades de derecho público, empresarial y fundacionales y el resto de organismos integrantes de la Generalitat si hay una relación afectiva o de consanguinidad hasta tercer grado de cualquiera de los miembros del Consell. Asimismo, figura una enmienda de modificación sobre la incompatibilidad de altos cargos, por el cual “no podrán suscribir contratos por sí mismas o a través de sociedades o empresas participadas por ellas o sus familias hasta tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

 

Deducciones para familias

 

También se hace referencia a las medidas fiscales que afectan directamente a las familias, como las deducciones por nacimiento o adopción de hijos. Así, se señala que los contribuyentes “podrán deducir por cada hijo nacido o adoptado en el periodo impositivo -600 euros por primer hijo, 750 si se trata del segundo, 900 si se trata del tercero o sucesivos-, y en el caso de partos o adopciones múltiples las cuantías antes mencionadas se incrementarán en 600 euros por cada hijo”.

 

En materia educativa, el PP plantea la derogación de la Ley 4/2018 de 21 de febrero por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano. En materia de Vivienda, el GPP pide la derogación del Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto.

 

El PP también ha propuesto que cualquier alto cargo nombrado por el Consell esté sujeto a la ley de Incompatibilidades de Altos Cargos y que los miembros del Comité Valenciano para asuntos europeos no perciban ninguna gratificación por la asistencia. Así mismo, el PP propone la supresión del Instituto Valenciano de Estadística.