• La diputada del GPP en Les Corts Andrea Gigante defiende la acción del Consell para poner en marcha esta medida con una planificación adecuada y los recursos necesarios

• “La tutela judicial efectiva debe estar garantizada para toda la ciudadanía, también -y sobre todo- para quienes enfrentan mayores barreras, y eso no puede depender de la suerte”

26 junio 2025.- La diputada del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Andrea Gigante ha defendido una Proposición No de Ley para impulsar la implantación de la figura del facilitador procesal en la Comunitat Valenciana, una herramienta clave para garantizar el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad.

Gigante ha recordado que “la tutela judicial efectiva debe estar garantizada para toda la ciudadanía, también -y sobre todo- para quienes enfrentan mayores barreras, y eso no puede depender de la suerte”. Por ello, ha lamentado que no exista una normativa clara por parte del Gobierno de España desde la aprobación de la Ley 8/2021, que ya preveía este apoyo. “Cuatro años después, seguimos sin una regulación estable que garantice su presencia en condiciones de seguridad y eficacia”, ha señalado.

La diputada popular ha explicado que otras comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Canarias ya han comenzado a legislar sobre esta figura y que “la Comunitat Valenciana, con el actual gobierno del PPCV, no va a quedarse atrás”. De hecho, el Consell ya ha elaborado un borrador de decreto, iniciado el expediente administrativo y puesto en marcha la consulta pública previa.

Durante su intervención en defensa de la iniciativa, Gigante ha subrayado que “la existencia de una figura legal, sin unas garantías, no basta. Lo importante es convertir ese derecho en una herramienta efectiva, que acompañe y respalde a quienes más lo necesitan cuando entran en un juzgado”.

La figura del facilitador procesal permite a las personas con discapacidad entender y ser entendidas en un proceso judicial al adaptar el lenguaje, los procedimientos y el acompañamiento durante las diligencias. También proporciona a jueces, fiscales y funcionarios una herramienta para actuar con rigor, sensibilidad y equidad.

“La falta de regulación impide una planificación adecuada de los recursos públicos. Regular esta figura nos permitirá estabilizarla en el tiempo, garantizar su financiación y mejorar la calidad del servicio a través de una formación especializada continua”, ha concluido Gigante.