• Las diputadas del GPP en la comisión de política social de Les Corts, Marisa Gayo y Lucia Peral, recuerdan que “la Generalitat ha invertido 1.4 millones de euros en las obras de reparación del edificio”

6 febrero 2026.  Las diputadas del GPP en la comisión de política social de Les Corts, Lucia Peral y Marisa Gayo, han señalado que las instalaciones del CAMP Santa Faz de Alicante “no registran ningún problema de salubridad”.

Marisa Gayo ha señalado que “las imágenes difundidas por Compromís son antiguas y no se corresponden con la situación actual del centro ni reflejan la realidad de las instalaciones. No hay ningún problema de salubridad en el centro, solo situaciones puntuales por la zona agreste donde está ubicado, una circunstancia habitual en este tipo de entornos. No obstante, el centro cuenta con controles de plagas periódicos y desde Conselleria ya han anunciado que se va a realizar una fumigación especial”.

La diputada alicantina ha recordado que “la Generalitat ha invertido un total más de 1.4 millones de euros en las obras de reparación del edificio que presentaba patologías graves en el inmueble. Desde la Generalitat se actúa y se toman medidas para que todas las instalaciones estén en condiciones de uso y seguridad adecuados. Mientras la Generalitat trabaja en mejorar los servicios sociales, otros solo critican, manipulan y mienten con fines partidistas. Quienes ahora salen poniendo el grito en el cielo son los mismos que estuvieron callados durante los ocho años de Gobierno del Botànic pese al paulatino deterioro de los servicios sociales en el que no hicieron nada”.

Respecto a la situación de los trabajadores, Gayo ha afirmado que “las incidencias puntuales que han ocasionado retrasos en el abono de determinadas nóminas y complementos retributivos ya han sido resueltos. Estas demoras responden a cuestiones de carácter administrativo. La práctica totalidad de las incidencias detectadas ya han sido resueltas y todos los importes pendientes están debidamente reconocidos y serán abonados”.

Por último, la diputada popular ha recordado que “el problema real se deriva de la infrafinanciación que padece la Comunitat, que afecta especialmente a servicios sociales donde el Gobierno de España debe a la Comunidad Valenciana 4.000 millones de euros en materia de dependencia. El peso del pago de este servicio recae sobre las infrafinanciadas arcas autonómicas que cubren el 80% del coste, cuando la ley establece que debería ser 50/50 con el Gobierno de España”.