• La portavoz adjunta del GPP, Laura Chulià, ha señalado que “Gabriela Bravo debe asumir sus responsabilidades por el despilfarro y descontrol de la SGISE”.
• La diputada popular ha destacado que “a puertas de las elecciones del 28M, intentaron colar 1.800 nuevos empleos públicos”
• “El PSPV no puede seguir escondido en sus luchas internas, deben dar la cara y explicar este descontrol en el gasto público”

21 enero 2024. La portavoz adjunta del GPP, Laura Chulià, ha señalado que “Gabriela Bravo debe asumir sus responsabilidades por el despilfarro y descontrol de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, S.A.U (SGISE)”.

La diputada popular ha destacado que “a puertas de las elecciones del 28M, intentaron colar 1.800 nuevos empleos públicos”, por lo que “este es otro caso más de los que nos han llevado a poner en marcha una Comisión de investigación en Les Corts sobre las irregularidades del sector público instrumental de la Generalitat entre 2016 y 2023”. Chulià ha insistido en que “el Consell de Mazón tiene como objetivo arrojar luz a este asunto tan turbio”.

En lo relativo al SGISE, Laura Chulià, ha remarcado que “según el informe de la Dirección General de Presupuestos, durante el año 2021 se han certificado 1.076 perceptores de retribuciones mientras que, solo se han abonado retribuciones a 922 perceptores, otra irregularidad más que se suma en este asunto”.

Asimismo, del informe se traduce que “la gestión del personal ha sido completamente ineficiente, especialmente en la tramitación de las altas y las bajas, donde se abonaban indemnizaciones por despido a trabajadores que eran contratados inmediatamente después de satisfacerse las indemnizaciones”.

Chulià ha insistido que “en el área de contratación, según la muestra analizada, vemos como la gestión no se ajusta a la normativa aplicable, habiéndose detectado incumplimientos, como el elevado riesgo de incurrir en fraccionamiento indebido de contratos”.

La diputada del PPCV en Les Corts ha subrayado que “el PSPV no puede seguir escondido en sus luchas internas, deben dar la cara y explicar este descontrol en el gasto público”, además, “en este caso debe ser quien ostentaba la Conselleria de Emergencias, quien con estos datos que ahora hemos conocido, demuestra una vez más su nefasta gestión al frente de la misma”.

La portavoz adjunta del GPP ha recordado que “el president Mazón adelantó la realización de una auditoría tras detectar que en los últimos cuatro años del Botànic, se adjudicaron a dedo 253.122 contratos por un importe de 713 millones de euros” asimismo, ha remarcado que “tan solo cuatro empresas de las 54 entidades que conforman el Sector Público Instrumental han recibido una valoración positiva por parte de los auditores y de la intervención de la Generalitat”.