• El Decreto que creó la Oficina de Derechos Lingüísticos fue desmantelado y declarado ilegal por el TSJCV y confirmado por el Tribunal Supremo, tras una denuncia del PPCV

• Ahora el Consell de Puig vuelve a intentar colar la ‘vigilancia lingüística por la puerta de atrás’ y la extiende a las universidades públicas, las Administraciones Locales y la del Estado incluyendo la de Justicia, e incluso a “las personas jurídicas de naturaleza privada”

• Ferrer San Segundo denuncia que “esta norma de Puig pone también su foco en la lengua utilizada en comercios o “establecimientos de consumo o de turismo” de carácter privado”

• El PPCV estudia las acciones para defender de nuevo la legalidad, mediante recurso de inconstitucionalidad con la firma de 50 diputados o senadores e incluso instando al TSJCV a que presente cuestión de inconstitucionalidad

19 noviembre de 2022. La vicesecretaria de Territorio, Comunitat y Cultura del PPCV María José Ferrer San Segundo, ha anunciado que el PPCV “derogará y seguirá defendiendo la legalidad contra la imposición de la Oficina de ‘policía’ Lingüística reactivada sorpresivamente por Ximo Puig en la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2023”.

Ferrer San Segundo ha recordado que el Decreto que creó la Oficina de Derechos Lingüísticos en 2017 “fue desmantelado y declarado ilegal tras un proceso impulsado desde el PP, anulando en 2020 el TSJCV 12 de sus 16 artículos y confirmándolo el Tribunal Supremo”, y ha afirmado que “ahora el Consell de Puig vuelve a intentar colar la ‘vigilancia lingüística por la puerta de atrás’, en una norma prevista para cuestiones presupuestarias”.

En concreto, ha destacado que “esta nueva Regulación del funcionamiento de la ODL se extiende no solo al conjunto de la Generalitat”, sino también a las universidades públicas, las Administraciones Locales y la del Estado incluyendo la de Justicia, e incluso a las personas jurídicas de naturaleza privada”.

La vicesecretaria popular ha aseverado que “la norma de Puig de comisariado lingüístico pone su foco en la lengua utilizada en comercios o establecimientos de consumo o de turismo de carácter privado, pudiendo declarar esta Oficina la vulneración de derechos lingüísticos, sin establecer la posibilidad de audiencia, defensa y recursos del presunto vulnerador, al que se señalará en una Memoria anual de carácter público”.

En este sentido, Ferrer San Segundo ha afirmado que “incluso se legitima para presentar quejas a personas jurídicas privadas, en nombre de personas físicas sin autorización siquiera de éstas”.

Ferrer San Segundo ha indicado que el PPCV “no va a tolerar este nuevo fraude legislativo del Consell de Ximo Puig, que no escucha ni respeta a los tribunales, y que lo que pierde ante la Justicia lo vuelve a intentar infringir con nuevas trampas regulatorias, deslegitimando al poder judicial y despreciando el principio de separación de poderes”. La dirigente popular ha indicado que el PPCV está estudiando ya las acciones para defender de nuevo la legalidad, “mediante recurso de inconstitucionalidad con la firma de 50 diputados o senadores e incluso instando al TSJCV a que presente cuestión de inconstitucionalidad”.

Ha recordado también la vicesecretaria de Territorio, Comunitat y Cultura del PPCV, que el  Tribunal Supremo ya ha declarado que la Oficina creada por el Consell de Puig pretende generar actos administrativos “al margen de cualquier procedimiento y consiguientes garantías para sus destinatarios de cualquier medio de impugnación”, lo que “quiebra el mandato constitucional de sometimiento de los poderes públicos a los principios de seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad”. Y, además, que “la obtención de información necesaria por parte de la Oficina de Derechos Lingüísticos sobre un determinado supuesto de hecho privado, afecta al derecho fundamental a la intimidad”.

“No queremos que nos impongan modelos de ‘inmersión vigilada’ copiados de otros territorios, como Cataluña, donde el resultado no ha sido la convivencia pacífica de lenguas -que para la mayoría de los valencianos es la regla y no la excepción- sino la imposición y la división. Porque la Comunitat Valenciana es tierra de bilingüismo cordial y respeto: a todos, y en libertad”, ha concluido Ferrer San Segundo.