27, junio 2020.- La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha pedido a Puig el cierre de la Oficina Lingüística y que cese el permanente intento de catalanización de la sociedad valenciana por parte del Consell.

La portavoz popular ha anunciado la presentación esta semana en Les Corts de una proposición no de ley para reprobar a Vicent Marzà tras este nuevo varapalo judicial. “Hemos pedido en reiteradas ocasiones la dimisión de Marzà, pero no se va a ir porque está aquí para eso, para hacer país, cavando la hoja de ruta nacionalista. Lo increíble es que Puig, pese a las sentencias que se van acumulando en su contra, aún no lo haya cesado. Esta debería ser la gota que colma el vaso”.

Gascó ha señalado que “la inacción de Puig, que ha abandonado la educación en manos de los nacionalistas a cambio de su apoyo, nos condena a padecer un conseller independentista que jamás ha renunciado a implantar aquí la hoja de ruta catalanista. Ante su pasividad, nosotros presentamos esta reprobación”.

“El conseller sabía que este decreto era ilegal porque así se lo dijeron en su momento el CJC y los propios órganos de Presidencia, pero le dio exactamente igual. Legisla a balonazos sin contar siquiera con el órgano estatutario que indica si se actúa de manera legal. Para Marzà es más importante aplicar un modelo secesionista que la seguridad jurídica. Antepone ideologías radicales a las garantías básicas de los ciudadanos”, ha añadido.

“Estigmatizar a los valencianos”

Beatriz Gascó ha indicado que “tras el nuevo varapalo judicial del TSJ a la política catalanista de Puig en la Comunitat Valenciana exigimos el cierre inmediato de esta Oficina, una copia de la Oficina de garantías lingüísticas creada en Cataluña. No estamos dispuestos a consentir que se atropellen los derechos de los valencianos. Los tribunales han dicho que la política lingüística de Marzà no se ajusta a derecho, vulnera derechos personales, la libertad de los ciudadanos y ataca el ordenamiento jurídico. El organismo que se pretendía crear no tenía ninguna garantía para los ciudadanos. Era un decreto reprobatorio, que creaba un registro de buenos y malos, vulnerando cualquier proceso administrativo, la ley de protección de datos y la ley de menores. Contenía medidas en el ámbito privado, inmiscuyéndose en oficinas, comercios, despachos o en las propias casas. Pretendía con esta Oficina al margen de la ley estigmatizar a los valencianos, a los castellano hablantes, y provocar una confrontación entre ciudadanos como en Cataluña”.

Beatriz Gascó ha explicado que “nunca ha sido la Oficina Lingüística de derechos lingüísticos de los valencianos, sino de los derechos lingüísticos de Compromís, Escola Valenciana y Plataforma per la Llengua. Las tres entidades que reivindican la creación de los paísos catalans”.

El PP, única garantía en defensa de los derechos lingüísticos

Para la portavoz popular, “ha sido el PP el único muro de contención del catalanismo en la Comunitat Valenciana. Si no hubiéramos acudido a los tribunales y ayudado a asociaciones a hacerlo, ahora tendríamos una oficina coaccionando, persiguiendo y confrontando a los valencianos. El PP es la única garantía para defender los derechos lingüísticos de los valencianos. Desde el PP vamos a seguir defendiendo las dos lenguas oficiales de la Comunitat y no vamos a dejar que el Consell siga atropellando derechos por sectarismo, intentando aplicar a costa de lo que sea la misma hoja de ruta que el independentismo catalán”.

Por último, Beatriz Gascó ha concluido que “el Botànic debe tener claro que no nos van a callar. El Consell busca la fractura social e imposibilitar la pacífica convivencia de la sociedad valenciana. En el PP estamos con el bilingüismo activo. Una cosa es fomentar y promover el valenciano y otra castigar a quienes quieran utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales. Este era el objetivo de la esa ODL: castigar y perseguir a las personas que no hablaran como ellos querían. No se puede perseguir a la gente por hablar una lengua».