• La Portavoz de Educación, Beatriz Gascó, señala que en las zonas castellano-hablante hay “falta de respeto, de seguridad jurídica a los centros, de información, de trasparencia y de legalidad”
• “El único objetivo de Marzà es implantar un sistema monolingüe en la Comunidad Valenciana”
• “Se pasan por el arco del triunfo los derechos de las zonas castellano-hablantes”

La Portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha señalado que “el Botànic reconoce que obligarán a estudiar el 25% en valenciano a los alumnos exentos”.

Así lo ha señalado Gascó tras la comparecencia en la Comisión de Educación del secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, quien ha reconocido que Educación obligará a los alumnos con exención en valenciano a asistir a clases de valenciano y a cursar el 25% de las asignaturas en valenciano.

La portavoz popular ha manifestado que “cuando se le preguntó al conseller Marzà por esta cuestión, señaló que si en Badalona se hablaba un 33% en catalán, en Orihuela debería aceptarse dar un 25% en valenciano. El Consell de Puig y Oltra trata una vez más a los valencianos como catalanes olvidando que las zonas castellano-hablantes están blindadas en nuestro Estatuto de autonomía. Una vez más, Marzà se salta la ley e impone su voluntad”.

Beatriz Gascó ha recordado que “justifican la imposición del valenciano apoyándose en la lectura parcial de sentencias del Constitucional, obviando que también señala que no se pueden tomar medidas que arrinconen al castellano, precisamente lo que han hecho y por lo que el TSJ suspendió el decreto lingüístico. Estamos cansados de las mentiras, engaños, ilegalidades y la falta de transparencia”.

Gascó ha pedido al Botànic que “escuche el clamor de la comunidad educativa y retire la inaplicable ley de imposición lingüística. La ley está encontrando mucha contestación en el sistema educativo como, por ejemplo, la manifestación del pasado mes en Orihuela. “El calendario no se puede aplicar y siguen sin querer sacar un desarrollo normativo para concretar la aplicación de la ley, quizás por miedo a los recursos. La aplicación de esta ley choca frontalmente con la llei d’us, sobre todo con las exenciones. A los que obligan a estudiar el 25% en valenciano. En realidad, lo que va a conseguir el Botànic es, lejos de promocionar el valenciano, incrementar exponencialmente el número de exenciones en las zonas castellanoparlantes. Hay falta de respeto, de seguridad jurídica a los centros, de información, de trasparencia y de legalidad”.

Gascó ha recordado que “es ilegal cambiar la lengua a un alumno mientras no finalice la etapa. Muchos han estudiado hasta ahora en línea en castellano y de pronto, el curso que viene, van a tener que dar el 25% del currículo en valenciano. Esto afecta incluso con los alumnos que tienen que hacer la prueba de la PAU, sin tener en cuenta el perjuicio que eso les va a ocasionar”.

Beatriz Gascó ha indicado que “Marzà se empeña en arrebatar un derecho a los ciudadanos, en un intento vergonzoso de considerarnos igual que en Cataluña. Nuestro estatuto dice que deben delimitarse por ley los territorios donde predomine el castellano. Nadie, ni los docentes, están de acuerdo con esta forma de proceder y el Botànic les da la espalda y no escucha a la comunidad educativa”.