27 agosto 2026. El portavoz de Transporte del Grupo Popular en Les Corts, José Forés, ha denunciado la situación de «absoluto colapso por incompetencia de Tráfico», que mantiene a 48.000 valencianos en lista de espera para obtener el carné de conducir. Una situación que, según ha señalado, «lastra, en muchos casos, la oportunidad de acceder al mercado laboral» y agrava «la asfixia que atraviesa el sector, hasta el punto de que 53 autoescuelas de la Comunitat Valenciana se han visto obligadas a cerrar, aun teniendo clientes».
Al respecto, ha puntualizado que «los alumnos tienen que esperar hasta un año para obtener el carné o verse obligados a trasladarse a otras comunidades autónomas menos castigadas que la nuestra por la falta de personal». El diputado popular considera esta situación «impresentable y tremendamente grave» y denuncia que, mientras jóvenes y profesionales del volante desesperan, Hacienda incrementa la recaudación gracias, en buena medida, al pago de unas tasas que muchos aspirantes deben renovar porque caducan antes de que puedan examinarse.
Como ejemplo, ha explicado que solo en 2025 Hacienda, a través de Tráfico, obtuvo un superávit de 10.144.967 € (Valencia: 5.582.175 €; Alicante: 3.497.599 €; y Castellón: 1.114.967 €), mientras que el gasto bruto de toda la plantilla de examinadores asciende a 2.672.842 €. «Habiendo excedente de dinero en caja, ¿qué motivo hay para no contratar al personal necesario?», se ha preguntado.
A juicio de Forés, detrás de esta situación solo cabe pensar en «pura incompetencia y un afán de perjudicar a los valencianos desde el Gobierno de España». Una afirmación que, asegura, queda avalada por los datos de dotación de examinadores. Así, para disponer de la misma plantilla que Albacete, Valencia necesitaría 64 examinadores; si tuviera la misma ratio que Cuenca, precisaría 70; y si contara con la de Teruel, serían necesarios 82 examinadores.
Este agravio también se refleja en la comparación con otras provincias españolas de menor población. Mientras Valencia dispone de un examinador por cada 67.000 habitantes, Teruel cuenta con uno por cada 34.000; Sevilla, con uno por cada 50.000; Zaragoza, por cada 49.000; Las Palmas, por cada 48.000; y Murcia, por cada 56.000 habitantes. «No existe ninguna razón objetiva que justifique que los valencianos soporten un déficit de 20 examinadores, absolutamente imprescindibles para restablecer el servicio», ha afirmado. Asimismo, ha recordado que entre 2021 y 2025 Valencia incorporó un nuevo examinador por cada 300.000 habitantes, mientras que provincias como Lleida y Girona obtuvieron uno por cada 52.000 habitantes.
Para Forés, «estamos hablando de un problema muy serio, cronificado desde hace más de tres años, pero que tendría una solución rápida y sencilla si los intereses partidistas no marcaran las reglas del juego». En este sentido, considera que «ya no caben más parches ni más excusas», empezando por una delegada del Gobierno «que lleva siete meses sin contestar las llamadas de la patronal valenciana de autoescuelas». Por todo ello, y ante el constante «desprecio de la propia DGT hacia las necesidades de los valencianos», el GPP en Les Corts exige «el cese inmediato del director general de la DGT y de los jefes provinciales de Tráfico en la Comunitat Valenciana».
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