1 agosto 2026. La diputada del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Lucía Peral, ha asegurado que “Pedro Sánchez traslada a las comunidades autónomas el problema que él mismo ha generado con una política migratoria errática e improvisada”. En este sentido, ha afirmado que la grave crisis vivida esta semana en Ceuta “es una vergüenza y demuestra que el Gobierno ha dejado a España completamente desprotegida”.
Peral ha recordado que, según los datos del propio Ministerio del Interior, cerca de 60.000 personas accedieron de forma irregular a Ceuta en apenas 24 horas. “La primera obligación de cualquier Gobierno es garantizar el control efectivo de las fronteras. No existe una política migratoria cuando el Ejecutivo es incapaz de prevenir situaciones como esta”, ha señalado.
La diputada del GPP ha destacado que “mientras la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas cumplen con su deber, quien no cumple es el Gobierno de Pedro Sánchez”. En su opinión, “los españoles necesitan un Gobierno que evite los problemas, no que actúe cuando ya se han producido”.
Peral ha reclamado además que el Ejecutivo rectifique la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular por considerar que “se aleja de los principios del Pacto Europeo de Migración y Asilo y vuelve a adoptarse sin consenso con las comunidades autónomas”.
Dicho acuerdo refuerza el control de fronteras, acelera los procedimientos de asilo, endurece los criterios de admisibilidad y combate las vías de entrada irregular. Sin embargo, el proceso iniciado por el Gobierno socialista “supone una carga que las administraciones autonómicas y locales han debido soportar sin más recursos, además de generar un evidente efecto llamada que beneficia a las mafias que trafican con seres humanos”, ha explicado la parlamentaria popular.
Asimismo, ha reiterado el rechazo del PPCV al reparto de menores extranjeros no acompañados sin planificación ni financiación suficiente porque “supondrá una sobrecarga inasumible para el sistema valenciano de protección al menor”. Además, recientes resoluciones judiciales han cuestionado el procedimiento seguido por el Gobierno “por carecer de rigor y no garantizar una evaluación individualizada de los menores”.
“La Comunitat Valenciana no puede seguir soportando las consecuencias de una política migratoria improvisada. La protección de los menores exige recursos y coordinación, no decisiones unilaterales del Gobierno”, ha concluido.
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