• La portavoz de Ordenación del Territorio del GPP afirma que “el PP ya avisó en diversas ocasiones del grave daño que este nuevo reglamento generaba en el territorio y en muchas poblaciones valencianas”

• “Como siempre, Sánchez actúa sin escuchar a los afectados y sin llegar a un acuerdo. Los tribunales de nuevo enmiendan la acción de un Gobierno que está más preocupada por satisfacer a Puigdemont que por legislar bien y para los ciudadanos”

• Marcos asegura que “era un reglamento sectario y alejado de la realidad de un territorio como es la Comunitat Valenciana en la que nuestras playas tienen un papel fundamental para nuestro desarrollo”

• Denuncia que “más de 3.000 inmuebles en diferentes poblaciones de costa en la Comunitat estaban afectados por esta acción del Gobierno de Sánchez”

9 febrero 2024.  La portavoz de ordenación del territorio del GPP, Verónica Marcos ha manifestado su satisfacción ante la decisión del Tribunal Supremo que declara nulo el Real Decreto que modificaba el Reglamento General de Costa porque “da la razón a los propietarios, avala las innumerables denuncias que desde el PPCV hemos hecho y acaba con el sectarismo de Sánchez”.

La diputada popular ha asegurado que la puesta en marcha de este reglamento ponía en peligro el patrimonio y los negocios ubicados en diferentes poblaciones de costa de la Comunitat Valenciana. “El sectarismo del Gobierno de Sánchez estaba matando nuestras playas, nuestro turismo y nuestras costas. No les importaba la sostenibilidad del medio ambiente”.

“La aplicación del nuevo reglamento de la Ley de Costas, que se hizo sin consultar con los afectados, por parte del Gobierno de Sánchez estaba generando una situación muy grave en muchos municipios de la costa con la apropiación indebida de terrenos para dominio público. Estamos ante una ley sectaria, alejada de la realidad que no tienen ningún sentido”.

Por último, la diputada popular ha afirmado que “este reglamento afectaba de manera muy negativa a más de 3.000 inmuebles en diferentes municipios valencianos” y ha destacado que “es posible compatibilizar el derecho a la propiedad con la actuación para preservar y proteger la costa”.