29 agosto 2026. La portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, Nieves Martínez, ha exigido al Gobierno de España que «deje de dar la espalda a la Comunitat Valenciana y salde de inmediato la deuda de más de 1.039 millones de euros que mantiene con la Generalitat por la asistencia sanitaria prestada a pacientes de otras comunidades autónomas y a ciudadanos procedentes de otros países».
Martínez ha denunciado que «es inadmisible que el Ejecutivo de Pedro Sánchez continúe incumpliendo sus obligaciones mientras el Consell realiza un esfuerzo histórico para reforzar la sanidad pública valenciana». En este sentido, ha recordado que esta deuda «equivale al 11,33% de todo el presupuesto de la Conselleria de Sanidad, una cantidad que permitiría seguir mejorando infraestructuras, tecnología, recursos y atención sanitaria para todos los valencianos».
La portavoz popular ha señalado que «desde 2023 el Consell ha demostrado con hechos su compromiso con la sanidad pública, incrementando cada año la inversión sanitaria para ofrecer una mejor atención a los ciudadanos. Sin embargo, ese esfuerzo choca con la absoluta indiferencia del Gobierno de España, que sigue reteniendo unos recursos que pertenecen a los valencianos».
Nieves Martínez ha explicado que el Ejecutivo central mantiene pendientes 23,1 millones de euros correspondientes a la asistencia en Atención Primaria prestada a pacientes de otras comunidades autónomas entre 2012 y 2013, además de 887,4 millones de euros por la atención hospitalaria especializada prestada desde julio de 2012 hasta la actualidad.
A ello se suman 30,9 millones de euros pendientes del Fondo de Cohesión Sanitaria correspondientes a liquidaciones de los ejercicios entre 2013 y 2025, así como otros 98,3 millones de euros derivados de la asistencia sanitaria prestada en la Comunitat Valenciana a personas procedentes de otros países.
La portavoz popular ha subrayado que «la Comunitat Valenciana es una tierra solidaria que atiende a todas las personas que necesitan asistencia sanitaria, vengan de donde vengan, y lo seguirá haciendo. Lo que no es aceptable es que esa solidaridad la paguen únicamente los valencianos porque el Gobierno incumple la normativa y se niega a compensar el coste de esa atención».
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