28 febrero 2024. El diputado del GPP, Fernando Pastor, ha afirmado hoy que “es necesario saber la verdad de cómo, por qué y para qué Puig creó y mantuvo el gobierno más caro de la historia a costa de los valencianos, incluso de los que no podían llegar a fin de mes”
En estos términos se ha referido el diputado popular durante el debate en el Pleno de les Corts sobre la creación de una comisión de investigación acerca de la contratación por parte de las empresas que conforman el sector público empresarial durante los 8 años del Consell de Puig.
Pastor ha explicado que “recibieron un sector público que costaba 2.000 millones y 8 años después lo dejaron con un coste de 3.900 millones, casi el doble. Engordaron como nunca y como nadie. Crearon cerca de 20 nuevas entidades con un coste anual de 500 millones”.
“Que el Consell de Puig ha sido el gobierno más caro de la historia es un hecho. Que el presidente Mazón dijo que pondría fin a ese gobierno también lo es. Pero ahora necesitamos saber la verdad y contársela a la gente”.
En este sentido, Fernando Pastor ha señalado que “los informes técnicos señalan que fue práctica habitual en su sector público la ineficacia, el gasto desmesurado, la deuda, el malgasto y el descontrol del dinero público. Malgasto y descontrol en aspectos de dudosa legalidad”.
“Solo 4 de 54 empresas contrataron personal conforme a ley, es decir, más del 90% de las empresas o entidades que conforman el sector público instrumental de Puig contrataron personal saltándose lo que marca la ley. Esto no lo dicen los políticos son los técnicos quienes lo afirman así por escrito”, ha señalado.
El diputado popular ha afirmado que “hay que eliminar la duplicidad botánica, es decir empresas públicas que sus funciones ya las presta la propia administración pública, o que son meros chiringuitos. Por tanto, hay que devolver la transparencia y las buenas prácticas”.
Desde el punto de vista de económico, Fernando Pastor ha asegurado que “el descontrol también ha sido evidente y que la Intervención General y las auditorías han calificado con un riesgo alto en el área de controles de pagos, produciéndose pagos sin la autorización de la persona correspondiente, pagos a terceras personas no conformados y pagos saltándose los mecanismos de control como si el dinero público no fuese de nadie”.
Ha puesto en valor que “el President Mazón ha reducido el número de altos cargos y asesores nombrados a dedo. Pasamos de más de 116 altos cargos y eventuales a sólo 63. Lo que en términos económicos produce por sí solo un ahorro de legislatura de más de 20 millones de euros”.
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