9, junio, 2020.- La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Eva Ortiz, ha anunciado hoy que ha recibido una contestación de la conselleria de Economía en la que se reconoce que “hay un expediente abierto, donde se reconoce que se está ejerciendo la potestad sancionadora y que pueden haber conductas que podrían ser delictivas incluso merecer un reproche penal” en relación a la posible concertación de precios entre los hermanos del Presidente Ximo Puig y sus socios para hacerse con varios de los 12 lotes de la televisión Pública A Punt.

   Ortiz se ha referido de esta manera durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Sindics donde ha explicado que el PP solicitó ver el expediente administrativo relacionado con la denuncia formulada por la concertación de precios por la CVMC contra la empresa del hermano de Puig, Comunicació dels Ports.

    En este contexto, ha explicado que esta misma mañana ha recibido la contestación de la conselleria de Economía donde “se deniega la documentación que tiene que ver con los hermanos del Presidente Puig y los socios de sus hermanos porque tiene que proteger a los denunciados”. Al respecto, Ortiz se ha mostrado “sorprendida” porque en democracia “hay que saber dónde va el dinero de los valencianos y si la televisión pública denuncia que hay un pacto de precios habrá que perseguir a quien lo ha hecho mal”.

   Así, ha recordado que la jurisprudencia y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana “ya nos ha dicho que a una portavoz adjunta y a una diputada no se le puede negar este tipo de cuestiones, ni su derecho a tener la documentación y ejercer el control parlamentario tal y como marca la Constitución”.

“El Presidente debería ser el mayor interesado”

    “Si está todo bien no es la mejor imagen y si está todo mal el Presidente debería ser el mayor interesado en saber qué dinero ha dado su gobierno a sus hermanos bajo su tutela”, ha añadido.

   Es más, ha añadido, la propia conselleria en su contestación “reconoce que hay un expediente abierto reconoce que se está ejerciendo la potestad sancionadora y reconoce que pueden haber conductas que podrían ser delictivas incluso merecer un reproche penal”.

   Por todo ello, ha anunciado, el PPCV ya ha presentado un contencioso en el TSJCV porque queremos saber “qué pasa con este expediente, ver qué documentación hay y porque se nos denegó que las personas que formaron parte de esa mesa de contratación fuera a la comisión de Economía a dar explicaciones”.

    Eva Ortiz ha añadido que “lo deniegan todo” cuando se trata de investigar a los hermanos del Presidente Puig, y ha explicado que “hemos perdido la cuenta del número de contenciosos a los que hemos tenido que ir para poder tener documentación relacionada con los hermanos del Presidente y con más de siete consellerias”.

   El Partido Popular seguirá pidiendo toda la documentación que sea necesaria para el desarrollo óptimo de la labor de oposición, y “vamos a seguir defendiendo el derecho de los diputados acceder a la información bien a través de la Conselleria o al revés o a través del TSJCV”.

   Ortiz ha recordado que A Punt denunció ante la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) un posible pacto de precios en una licitación de 323.000€ ante posibles irregularidades y pacto de precios entre Comunicación dels Ports, Kriol y Canal Maestrat. Ante estos hechos “tan graves” que afectaban a los hermanos del Presidente Puig, “solicitamos copia de esos expedientes en enero 2020 y en el en la contestación nos dice que nos deniega el informe pedido porque “tienen que proteger a los denunciados”.

    Por otro lado el GPP ha solicitado al Comité de Seguridad y Salud de las cortes que se amplíe el número de comisiones y de plenos ante la inminencia de la entrada en la fase 3 y ha planteado una Comisión de Investigación relacionada con la aparición  de ordenadores en la conselleria de Sanidad sin que aparentemente hubiera contrato.