03, julio 2020.- La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Elena Bastidas, ha señalado hoy que la gestión de Mónica Oltra “no sale de los tribunales” y complica la atenció social de los más vulnerables “cuando más lo necesitan”. “Su papel al frente de la conselleria más sensible del Consell se resumen en las las tres ‘erres’: recortes, retrasos y rebajas”.
Se ha referido de esta manera a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) de anular parte del decreto que aprobó el Consell en 2017 para regular las prestaciones de la dependencia dando la razón a la patronal de servicios a personas con dependencia, Aerte. El TSJCV vuelve a “darle un toque de atención a Oltra por precarizar la dependencia en la Comunitat Valenciana”.
Así, ha señalado que la gestión de Oltra “choca con la realidad, con el bienestar y, sobre todo, con la Justicia” ya que a las acusaciones de la Fiscalía por la falta de recursos en residencias, a las sentencias por abusos sexuales en centros de menores, a la nulidad de su decisión de cerrar el centro de acogida de Segorbe, a la anulación de la adjudicación de contratos por bajas tememarias o cuando el Síndic de Greuges realizó una investigación sobre el acogimiento familiar de menores de 0 a 6 años se suma “un nuevo frente judicial”. “¿Qué más tiene que pasar para que Puig le quite las competencias y las personas con menos recursos de la Comunitat o más vulnerables puedan estar bien atendidas?”.
“Mónica Oltra ha sacado la gestión de la dependencia de la Generalitat y se la ha traspasado a las familias”, ha señalado al tiempo que ha señalado que, según datos oficiales, casi el 60% (59.337) son cuidadores familiares, 10.600 y casi un 20% más que hace un año. “El TSJCV le ha tenido que decir a Oltra que deje de precarizar la dependencia en la Comunitat Valenciana”.
Así, ha denunciado que Oltra “busca el ahorro, no la atención, ya que con estos cuidadores su conselleria se ahorra el 66% del gasto derivado de la labor de estos profesionales”. Una situación que además “afecta a la inserción laboral de las mujeres porque la gran mayoría de los familiares cuidadores son madres o hijas”, una realidad que se ha agravado durante la pandemia, cuando se han registrado 46.000 paradas más.
Según ha explicado, si apostara por la profesionalización del sector supondría la creación de 30.000 puestos de trabajo que reducirían las listas de espera.
En este sentido, ha señalado que somos la comunidad con mayor número de familiares cuidadores, el doble que la media nacional y 30 puntos por encima y cada día que pasa la dependencia “sigue en caída libre”.
Bastidas ha recordado que, según los datos del Imserso, la valenciana es una de las comunidades que menos invierte por persona dependiente, una inversión que ha caído casi de 800 euros desde que gobierna Oltra pasando de 7.100 euros con el PP a 6.300, una reducción de 11,2% por dependiente que coloca a la Comunitat la cuarta por la cola de toda España.
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